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El inicio del proceso de divorcio entre el Reino Unido y la UE, y el asalto de miembros de la CUP a la sede central del PP.
EL Reino Unido está a punto de embarcarse en un viaje lleno de incertidumbres. Debilitará a los 27 miembros restantes de la Unión Europea y casi seguramente hará que este país entre en una década o más de inestabilidad. En 1973, el Reino Unido se inscribió con un espíritu poco integrador en este audaz intento de moldear una comunidad de paz y prosperidad entre los estados nacionales que habían estado en conflicto durante siglos. Lamentablemente, el entusiasmo rara vez superó la aceptación a regañadientes.
Sin embargo, durante 44 años, los británicos han crecido, o han envejecido, con el proyecto europeo y este se ha incrustado en sus vidas. Ni siquiera aquellos que nunca creyeron en él pueden pretender ahora recuperar el control de un simple plumazo. Tampoco acogerán con beneplácito la pérdida de los beneficios que disfrutan gracias a la adhesión: la semana laboral más corta, las ayudas económicas de los fondos regionales de la UE o las limpias playas adonde van de vacaciones.
Ahora comienza el enorme y arduo proceso de deshacer las medidas que han cosido al Reino Unido en la vida de otros 27 países. Interesa a ambas partes que las negociaciones para reconstruir una nueva relación sean lo menos dolorosas posible. El problema es que los objetivos de Theresa May tienden a un resultado que sin duda afectará a la economía británica y probablemente causará daños colaterales al resto de la UE.
El asunto de las obligaciones financieras del Reino Unido se ha convertido en un tótem para los brexiters, que se preocupan poco por el futuro de Europa y las relaciones del Reino Unido con ella. Exigen que no se pague ninguna factura por la salida. Los negociadores de la Unión Europea, que lo tienen como el primer punto de su agenda, dicen que es imposible dejar de cumplir los compromisos anteriores. Elevan la factura a casi 60.000 millones de euros. Sin duda un factor decisivo, sobre el cual Theresa May ha evitado sabiamente pronunciarse.
El presupuesto es un área que refleja el grado de intimidad que se crea en una relación que ha durado 44 años. Otra es la libre circulación de ciudadanos del Reino Unido hacia otros países de la UE, y desde estos hacia el Reino Unido. Para muchos residentes, ese sentido de identidad compartida gracias a la libertad de movimientos ha sido uno de los grandes beneficios de la pertenencia a la UE.
Incluso aquellos británicos que han experimentado la inmigración como un desafío a su forma de vida han salido ganando con los médicos y enfermeras de Alemania y de España, con los trabajadores asistenciales de Polonia y con los baristas de Italia. Los supermercados son más baratos debido a los cientos de miles de europeos que trabajan en la agricultura y la elaboración de alimentos. Y en todas partes, en la ciencia y la investigación, en las artes y en los negocios, la contribución ha sido tanto cultural como financiera.
Sin embargo, desde el 23 de junio, el futuro de los tres millones de ciudadanos de la UE que viven y trabajan en el Reino Unido, y el de los británicos en el extranjero, ha sido incierto. En diciembre, europeos residentes en el Reino Unido durante la mayor parte de su vida empezaron a recibir cartas del Ministerio del Interior instruyéndoles a “prepararse para irse”. Los ministros de la UE han insistido en que los derechos de los ciudadanos deben ser parte de las negociaciones. Se decía que la canciller alemana, Angela Merkel, era de quienes no querían que la cuestión fuera resuelta por separado. En enero, en el discurso en que expuso su posición negociadora a los embajadores, May afirmó que su intento de resolver el asunto con rapidez no se había tenido en cuenta. El problema afecta a hasta cinco millones de personas. Es malo, tanto moral como pragmáticamente, tratar así a nuestros conciudadanos.
Ahora que se desencadena el artículo 50 del tratado de Lisboa, el destino de los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido o el de los británicos que viven en otro lugar de Europa debería tratarse como un asunto separado. El proceso de solicitud de residencia permanente en el Reino Unido debe acelerarse y simplificarse. Los próximos dos años serán difíciles y, sin duda, en ocasiones tormentosos. Como cuestión urgente, sería prudente crear un ambiente positivo para llegar a un acuerdo sobre este delicado tema de los residentes.
La Vanguardia, junto con otros cuatro periódicos europeos, aboga por un acuerdo entre el Reino Unido y los 27 estados miembros para reconocer recíprocamente los derechos de los ciudadanos de cada parte.