El señor de la limpieza
Joan Llinares explica en el juicio del caso del Palau de la Música lo que encontró al llegar a la institución
Joan Llinares fue nombrado para dirigir el Palau el 28 de julio del 2009 y abandonó el cargo el 31 de diciembre del 2010. Su cometido era recuperar la confianza y reordenar la estructura. Para ello ordenó una auditoría interna (que se hizo sin conocer lo que había en el juzgado, que estaba bajo secreto) y contrató asistencia jurídica, pero su tarea tuvo mucho de detectivesca, porque cada vez que abría un cajón, o un ordenador aparecía más porquería. Lo primero fue revisar las facturas de más de 20.000 euros, entre las que aparecieron unos viajes, cargados al Orfeó, a la Polinesia (entre otros destinos), donde no consta que cantara jamás la coral, pero sí que veranearan las familias Millet y Montull. Asimismo, aparecieron recibos de obras cargadas a la institución, pero que en realidad se llevaron a cabo en los domicilios particulares de los acusados.
Y no sólo eso, sino otras prácticas más oscuras. Por ejemplo, tras el registro del Palau (23 de julio del 2009) las grabaciones de las cámaras de seguridad habían sido borradas hasta el 27, cuando se vio a empleados sacando papeles de un despacho. Y a los dos días de llegar, una empleada de contabilidad le avisó que en su departamento (dirigido por Gemma Montull) estaban destruyendo papeles.
En una estantería del despacho de Millet apareció documentación de obras públicas y cuadrando las agendas se comprobaron reuniones en las que participaban los capitostes del Palau, directivos de Ferrovial, Carles Torrent (extesorero de CDC) y Jaume Camps. De un ordenador se recuperó un cuadro que relacionaba patrocinios de Ferrovial con una columna bautizada como pagos a Daniel (que el fiscal dice que es Daniel Osàcar, sustituto de Torrent). Las cantidades de este apartado comprendían los convenios con Trias Fargas (630.000 euros) y otras cantidades, que se dio cuenta que eran facturas cobradas a la institución por empresas que nunca trabajaron allí, pero que eran proveedoras de CDC, como un mailing por valor de 100.000 euros.
Llinares aseguró que las aportaciones de Ferrovial superaban en mucho el patrocinio de los conciertos y dijo que CDC “usó e instrumentalizó” el Palau para financiarse ilegalmente. En su opinión, la documentación dejaba muy claro la existencia de una “financiación ilegítima”, por lo que estimó que el Palau debía respaldar a la Fiscalía para acusar a CDC, cosa que no ocurrió y que, en su opinión, iba a generar la situación de que el Palau pasara de ser “víctima a encubridor”.
Llinares también relató que el Ministerio de Cultura dio subvenciones al Palau que no se “aplicaron completamente”, y por ello se vieron obligados a devolver al Estado más de un millón de euro. Estas ayudas se canalizaron por la Fundació y no fueron nunca auditadas, cuando lo normal es que el Estado lo haga con cualquier cantidad que se destina a entidades culturales.
El exdirector del Palau dio cuenta también como Felip Puig se comunicó con el Palau de la Música para interesarse por los convenios suscritos por la fundación Trias Fargas, ahora CatDem, de CDC, y para conocer “si había más cosas”. Llinares encontró la llamada “un tanto curiosa” y la situó cuando se conoció que la Trias Fargas había cobrado por unos convenios con el Palau. Al llegar a la institución, Joan Llinares ocupó el despacho de Montull. Revisó los cajones y estaban vacíos; todos, menos uno, donde había un aparato de teléfono.
Una empleada avisó de la destrucción de documentos en el departamento de contabilidad
Pensó que alguien lo había sustituido por otro y lo dejó allí. Hasta que un día sonó. Al descolgar, se encontró con que su interlocutor era Felip Puig, que se interesó por si lo de los convenios estaba claro y por si “había más cosas”. Puig fue conseller de la Generalitat, pero en aquel momento mandaba el tripartito y estaba en la oposición. Posteriormente supo que era una línea directa que no sabía que existía y que no pasaba por centralita; una suerte de teléfono rojo.