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La conferencia de Carles Puigdemont en Madrid en defensa del referéndum de independencia, y las reacciones a la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.
EN un momento especialmente convulso de la política española, caracterizado por una nueva oleada de indignación ciudadana ante los casos de corrupción y por la elección, hasta cierto punto imprevista, de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, el presidente de la Generalitat de Catalunya presentó ayer en Madrid su propuesta de celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. El acto tuvo lugar en el auditorio del Ayuntamiento de Madrid, cedido en régimen de alquiler, con una notable asistencia de público y con una ruidosa manifestación de militantes de extrema derecha frente al edificio de Cibeles.
En primer lugar hay que volver a reivindicar la libertad de expresión. El presidente de la Generalitat no sólo tiene pleno derecho a expresar sus ideas, sino que también tiene derecho a hacerlo en la sede de la municipalidad de Madrid, o en cualquier otro local de carácter oficial que se preste a ello. La reacción airada del Partido Popular, que ha intentado presentar la conferencia de Puigdemont como “una profanación” del Ayuntamiento madrileño, carece de sentido en la Europa democrática del siglo XXI. España no es una democracia militante, como recordó hace cuatro años una sentencia el Tribunal Constitucional. El ordenamiento democrático español no obliga a nadie a ser un militante de la Constitución. En este país pueden defenderse libremente ideas contrarias a la Constitución, o ideas cuya realización sólo sea posible mediante una reforma del texto constitucional, siempre y cuando en el terreno de los hechos se respete el marco legal vigente. Este es el nudo de la cuestión.
El pasado viernes, mientras algunos militantes del PP efectuaban una ceremonia de exorcismo en el palacio de Cibeles, el Consejo de Ministros acordaba invitar al presidente de la Generalitat a pedir el referéndum catalán en el Congreso de los Diputados, con la consiguiente tramitación de una propuesta de reforma constitucional. El Gobierno no ha querido quedarse quieto y esa es una buena noticia. Es mejor hacer propuestas, como la que expresó la semana pasada Soraya Sáenz de Santamaría, que organizar protestas contra una conferencia.
El Gobierno invita a Puigdemont a seguir la senda del lehendakari Juan José Ibarretxe, que hace doce años presentó su plan soberanista en el Congreso de los Diputados, del que salió ampliamente derrotado. Puigdemont, sin embargo, no es Ibarretxe. El plan soberanista vasco no tenía detrás de él el 48% del voto de los ciudadanos vascos y ni siquiera puede afirmarse que fuese una propuesta intensamente compartida por los cuadros del Partido Nacionalista Vasco. La propuesta Ibarretxe fue combatida desde el interior del PNV por la actual generación de dirigentes nacionalistas vascos. La proposición soberanista catalana cuenta con una mayor base social. En las elecciones al Parlament de Catalunya de septiembre del 2015, el 47,8% de los electores votaron opciones independentistas y todos los sondeos coinciden en señalar que más del 70% de los catalanes apoya, en un grado u otro, la idea de una consulta sobre la relación de Catalunya y España. Catalunya no es el País Vasco. Las propuestas sobre Catalunya de un Gobierno español que acaba de pactar un generoso trato de la excepcionalidad fiscal vasca deberían tener muy en cuenta esa diferencia. Una política constructiva sobre Catalunya sólo es posible teniendo en cuenta la realidad social de fondo.
La Constitución, decíamos antes, no nos impone una democracia militante, pero el respeto a la ley es fundamental. De la misma manera que reclamamos al Gobierno una propuesta abierta y constructiva sobre el futuro de Catalunya, hay que recordar a los gobernantes catalanes que en la España democrática –y en la Unión Europea– no hay margen para aventuras unilaterales. Ni las leyes democráticas lo permiten, ni hay una mayoría social dispuesta a respaldarlas.