Contabilidad secreta
El PP acudirá al Tribunal Constitucional para conseguir lo que la aritmética política le niega en el Congreso: que se paralice la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido.
El PP acudirá al Tribunal Constitucional para conseguir lo que la aritmética política le niega en el Congreso: que se paralice la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de su partido, por entender que, al no tener un objeto concreto ni plazo limitado, supone abrir una causa general contra un partido, lo que a juicio de los populares vulneraría la legalidad.
Los populares esperarán a que la próxima semana la Mesa del Congreso se pronuncie sobre el recurso de revisión que presentó el PP contra la decisión del órgano de Gobierno de la Cámara, que rechazó las pretensiones del PP de que se no admitiera una investigación genérica sobre las cuentas del PP. A juicio de su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, supone “una causa general contra un partido político”. Todo hace suponer que la Mesa rechazará ese recurso, porque ayer el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se mostraron en contra de aceptar el recurso en la junta de portavoces, y estos tres partidos suman la mayoría de rechazo.
El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ya adelantó sus intenciones al resto de los grupos en la reunión de la junta de portavoces de ayer.
El PP tiene muy avanzado el recurso al Tribunal Constitucional, en el que estudia pedir la suspensión de los trabajos de la comisión hasta que se falle el recurso. Pero esta paralización sólo es automática en los casos en los que presenta el recurso el Gobierno. En el caso de los grupos parlamentarios queda al albur de la decisión del tribunal, y los populares quieren estudiar muy bien las posibilidades de que la suspensión prospere.
El recurso se basará en la sentencia que un juzgado de lo contencioso-administrativo dictó a instancia del PP, anulando la creación en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de una comisión de investigación durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. La sentencia sostiene que, al acordarse “que se investigue todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubriera”, se plantea una finalidad genérica que “no es conforme a derecho”.
El recurso del partido se ampara en la sentencia que anuló una comisión en el Ayuntamiento de Madrid por ser genérica