Las urnas de nunca acabar
El acuerdo marco de suministro nació con mal pie político por el temor de los funcionarios y con dudas sobre las empresas
Las tribulaciones del Govern para la compra de urnas ha puesto sobre la mesa las dificultades de organización del referéndum por la vía ordinaria, más aún si se pretende proteger a los funcionarios y cumplir con la ley de contratos públicos.
El acuerdo marco para la compra de urnas se publicó en el DOGC el 7 de mayo. Diez días después, y sin mediar trámite alguno, la Fiscalía se querelló contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el entonces secretario general, Francesc Esteve, por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. La sorpresa fue mayúscula en el Govern, que apelaba a su competencia para comprar urnas y porque en el acuerdo marco no se hacía referencia alguna al referéndum sino a las elecciones al Parlament, consultas populares y otras formas de participación ciudadana.
Pero la inquietud se había convertido en tensión entre los funcionarios del departamento, que planteaban su malestar ante la dirección de servicios, así como la conveniencia de recibir órdenes por escrito. La mesa de contratación de la conselleria debía formarcepcionalidad se por un responsable de la asesoría jurídica, otro de la intervención, un técnico del área de procesos electorales, un miembro de la secretaría general y otro del gabinete técnico, pero la querella había alarmado a los funcionarios y la constitución de la mesa sucumbió ante el calendario previsto. Aunque se había fijado para el 30 de mayo la apertura de las ofertas económicas, la mesa no se constituyó hasta el 2 de junio. Y se realizó a salto de mata, dotando el proceso de excepcionalidad echando mano de cargos políticos.
La conselleria citó al secretario general Francesc Esteve, la secretaria de Administració i Funció Pública, Meritxell Massó; el de Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, y el de Administracions Locals, Joaquim Ferrer. A algunos con pocas horas de margen y a todos ellos sin posibilidad de excusarse. El aval del responsable de la asesoría jurídica, Xavier Urios, y la delegada de la Intervención, sirvió para calmar algunos ánimos y dar garantías de que las decisiones que debía tomar mesa eran “absolutamente legales”. A las 13 horas se abrió el primer sobre: Plastic Express SA y la UTE formada por Espai World SL y Suministros Integrales Futbida SL optaban a suministrar urnas de metacrilato. La oferta para las urnas de cartón quedó desierto a la primera de cambio, pero no fue el único problema.
Ya en esa reunión se manifestaron dudas la solvencia económica de la UTE. Aun así, el proceso siguió adelante y el día 7 se abre los sobres con las ofertas económicas. La sorpresa fue la ausencia de prensa en un acto que, por ley, es público y a pesar de que el foco mediático se había puesto sobre la ex- de la mesa de contratación. Sí asistió al menos el representante de la UTE, que se interesó por los materiales y plazos de entrega. El precio que ofrecía la UTE era de 19 euros más IVA, mientras que Plastic Express había situado su precio por unidad en 20,47 euros más IVA.
A partir de ese momento, la conselleria se dio dos semanas para completar el proceso de homologación. Se solicitó a Plastic Express que presentara documentación económica extra pero el plazo acabó el viernes pasado sin que tuvieran noticias de la empresa. Según el director de proyectos, Andreu Marquès, “uno de los proveedores se ha retirado porque no podía suministrar el material” necesario,
La mesa de contratación se formó de urgencia con altos cargos y sin posibilidad de excusarse Plastic Express atribuye su renuncia a la baja de un proveedor que “se ha retirado” y no les puede “suministrar material”
así que desistieron, aunque el encargo de las urnas no se ha explicitado en ningún momento.
Otra cosa es que la Fiscalía y la Guardia Civil están marcando de cerca a empresas proveedoras de la Generalitat. Además, el TSJC admitió el pasado martes la querella de la Fiscalía, que, además, cita a declarar a la directora de servicios del departamento, Josefina Vall.
El lunes por la mañana Governació convocó a los miembros de la mesa de contratación a una reunión exprés. Había cambios en la composición. Para su tranquilidad, Esteve fue nombrado jefe del gabinete jurídico de la Generalitat el día 13 y quedaba una vacante, que en la carambola de nombramientos hizo entrar en la mesa a Ester Obach como nueva secretaria de Administració i Funció Pública. En la reunión se comunicó que Plastic Express no había aportado la documentación y que la UTE no cumplía los requisitos de solvencia en dos de los tres años requeridos, así que el concurso quedaba vacante en su totalidad y los altos cargos aliviados. “Se han salvado de esta…”, concluye un compañero independentista.