Renovar las comisiones de investigación
LA Constitución española faculta, en su artículo 76, al Congreso y al Senado para nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. También convocan comisiones semejantes los parlamentos autonómicos. Esta semana hemos tenido nuevas pruebas de ello. En el Parlament de Catalunya se está llevando a cabo una comisión sobre la operación Catalunya y la supuesta guerra sucia contra el proceso soberanista. Y en el Congreso se desarrolla una comisión que tiene por objeto investigar la financiación del Partido Popular. Huelga decir que ambos asuntos son del mayor interés. Y que, por tanto, sería deseable que las dos comisiones mencionadas arrojaran luz sobre los asuntos abordados y, llegado el caso, ayudaran a evitar nuevas conductas irregulares.
Por desgracia, el fruto de tales comisiones deja a menudo que desear. Se dan razones para pensar que su funcionamiento exige una seria revisión. El lunes, en el Parlament, se trató la supuesta operación Catalunya. Fueron interrogados Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, y el financiero Javier de la Rosa, en otros tiempos próximo a la cúpula convergente, posteriormente condenado en más de una ocasión, y a la postre hombre de escasa credibilidad. De la Rosa se escudó en el consejo de sus abogados y en las causas que tiene en curso para negarse a responder a las preguntas de los distintos representantes políticos. A la sesión de ayer de tal causa ni siquiera acudieron las personas convocadas. Si esta sesión del Parlament dio magro rendimiento, la protagonizada en el Congreso por Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, resultó todavía más penosa: apenas una sucesión de desplantes de Bárcenas, que no dudó en desafiar con comentarios improcedentes a los diversos representantes de los ciudadanos que le interrogaron. Fue el suyo un impertinente y bochornoso despliegue de altivez.
Todos los mecanismos legales para fiscalizar a los representantes públicos o a otros ciudadanos, en particular aquellos que se han adentrado en zonas de sombra, son bienvenidos. Pero eso no garantiza que vayan a ser efectivos. De hecho, en su formato actual no lo son. Dan, eso sí, ocasión a muchos comparecientes para comportarse de modo insolente. Dan también ocasión a los partidos para desgastar a sus rivales y, en definitiva, para emplearlas en beneficio de sus intereses más inmediatos. A veces se convierten en un escaparate de las malas artes parlamentarias, de las tendencias inquisitoriales y de los desaires más inoportunos. En ocasiones, bordean el circo mediático. El hecho de que sus conclusiones no sean vinculantes para los tribunales ni incidan directamente en las resoluciones judiciales no hace sino sumar nuevas dudas sobre su función y sobre su utilidad. Aun así, algunos partidos afectados, como ahora el PP en la comisión sobre su supuesta financiación irregular, buscan el amparo del Tribunal Constitucional para que los libre de ellas.
Como decíamos más arriba, todos los mecanismos de control de las personas relacionadas con el servicio público son bienvenidos. Entre ellos, las comisiones de investigación parlamentaria. Pero si de veras queremos que estas herramientas de control nos rindan un servicio satisfactorio, que en ellas se obtengan informaciones relevantes y ocasionalmente judicializables, es conveniente refundar sus bases, para que así recuperen su utilidad y su prestigio, ahora muy mermados.