Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre.
La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, avisó ayer que si algunos alcaldes del PSC tienen que ser sancionados por dar cobertura al referéndum, la decisión recaerá sobre el partido catalán y no sobre el PSOE, algo que dijo que tienen claro las dos formaciones, de cuyas dos ejecutivas, de hecho, ella forma parte.
En este sentido, Parlon señaló en una entrevista en La Xarxa que la mayoría de los alcaldes socialistas están en la posición de no apoyar el referéndum, pero que, a la vez, tampoco pueden impedir “que nadie vote”, motivo por el que solicitarán un dictamen sobre la consulta al secretario municipal –funcionario del Estado– y que harán lo que él decida (previsiblemente no darle cobertura). Una fórmula, dijo Parlon, que servirá también para “blindar” a los trabajadores municipales.
De hecho, la fórmula a la que hizo referencia la dirigente socialista tiene forma de una moción que algunos grupos municipales del PSC ya han comenzado a presentar en los plenos de sus respectivos ayuntamientos. Un texto en el que se exige a la Generalitat que si quiere la colaboración de los consistorios “lo haga de forma oficial y por escrito”. En el que también se insta al Ayuntamiento a que proteja a sus funcionarios y solicite al secretario municipal el dictamen sobre qué tiene que hacer el consistorio. El pleno del Ayuntamiento de Badalona ya aprobó la moción el martes con los votos favorables del PSC y PP. Hoy está previsto que se presente en el Consistorio de Terrassa, cuyo alcalde, Jordi Ballart, días atrás defendió que los ciudadanos puedan votar para después matizar que él , por su cargo, hará lo que dictamine el secretario municipal.
Parlon, después de la polémica que generó el pasado jueves–que molestó tanto en el PSC como en el PSOE– por defender que se apelara “a la comunidad internacional” si el Gobierno central decidiera suspender la autonomía de Catalunya, ayer regresó a la línea de la dirección catalana: la de la cautela. “No me siento desautorizada –dijo sobre esta cuestión–, pero es una opinión que no comparte en su plenitud el PSOE. Las opiniones personales, por suerte, se pueden expresar en el partido”. Una línea cauta que ha hecho que, hasta ahora, el PSC no haya avanzado qué hará si algún alcalde tiene una actitud díscola ante el referéndum. Aunque desde la dirección se insiste que no puede haber matices: la consulta, dicen, es ilegal, y si la hay, no se puede apoyar.
Los socialistas quieren forzar que en los consistorios rija el criterio del secretario municipal