Josep Cruanyes
COMISSIÓ DE LA DIGNITAT
El Parlament aprobó ayer por unanimidad una ley pionera que declara nulas las sentencias franquistas. La norma tiene un alto valor como vía de reparación de las víctimas en la que trabaja la Comissió de la Dignitat.
Por unanimidad el Parlament aprobó ayer una ley pionera: anular las sentencias franquistas en Catalunya. La ley que declara ilegales los tribunales del franquismo y, como consecuencia de ello, nulas todas las decisiones emitidas, fue acogida con gran satisfacción por las víctimas, los familiares y los representantes de entidades de recuperación de la memoria histórica que siguieron el debate en directo y que habían sido de los impulsores de la iniciativa. “Hoy es un día que durará años”, resumió el diputado de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep Nuet, citando al fallecido cantautor Ovidi Montllor, para resumir el espíritu que se estaba viviendo en una jornada que la presidenta del Parlament calificó acertadamente, esta vez sí, de “histórica”.
La ley llamada de reparación jurídica de las víctimas del franquismo fue presentada inicialmente por Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot y la CUP y, después de la tramitación correspondiente, llegó al pleno con el respaldo del PSC, al que finalmente también se sumaron Cs e incluso el PP, que fue el último en hacerlo. La ley tiene un único artículo, compuesto por dos conceptos. Por un lado, especifica que, “de conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye normas tanto de derecho internacional como de derecho interno, se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Catalunya a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”. Y, por otro, constata que, “en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictadas por causas políticas en Cana talunya por el régimen franquista”.
La declaración de nulidad se completa con una disposición final, que pretende ser la parte que directamente repare a las víctimas y sus familiares, según la cual el Arxiu Nacional de Catalunya hará publica, el día de la entrada en vigor de la ley, una lista de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas por los distintos tribunales franquistas en la que constará el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta. La ley, con todo ello, se convierte en la primera del Estado español que anula efectivamente las sentencias del franquismo y va, en este sentido, más allá de lo que “no se atrevió a hacer” la ley de memoria histórica de España, aprobada el 2007 por el Congreso, que se quedó en la declaración de ilegitimidad, según coincidieron en subrayar los representantes de prácticamente todos los grupos. “Los juicios franquistas fueron ilegales porque vulneraron la legalidad vigente entonces y las competencias del Estatut”, remarca el preámbulo de la ley, que considera que, por este motivo, “no ha de comportar ningún problema que la ley constate y declare su nulidad”.
Una coincidencia de criterios que no escondió, sin embargo, las diferencias con que unos y otros se aproximaban al contenido de la ley. Los diputados de Cs y del PP, Matías Alonso y Fernando Sánchez, lo hicieron desde la reivindicación de una “transición modélica y ejemplar” y como un “paso para profundizar en el camino de la reconciliación que iniciamos en la transición”. Y las representantes de Junts pel Sí y la CUP, Montserrat Palau y Mireia Boya, en cambio, desde la voluntad de superar “el relato de una transición que ya no es válido, porque se hizo en nombre de conciliaciones que han resultado ser un engaño” y “un régimen fascista que aún hoy colea en España”. El resultado fue, con todo, una unanimidad que, aunque con matices, hacía bue- la proclamación del diputado del PSC Ferran Pedret: “A todos los represaliados por el franquismo, honor y memoria”.
La aprobación fue acogida con una ovación y el canto espontáneo de Els Segadors, con el hemiciclo en pie, por parte de un numeroso público entre el que se encontraban los hijos de Manuel Carrasco i Formiguera, un sobrino nieto de Lluís Companys, una hermana de Salvador Puig Antich y Josep Cruanyes, presidente de la Comissió de la Dignitat, que en nombre de las víctimas consideró que se trataba de “un día muy feliz” por el hecho de que “se hayan derogado leyes nefastas”. La única incógnita que puede quedarle a algunos es si la ley, a parte de su innegable
Una ley pionera declara ilegales los tribunales de la dictadura que actuaron desde 1938 hasta 1978
valor político y simbólico, tendrá un efecto jurídico real. Para los impulsores de la iniciativa no existe la menor duda de que lo tendrá, supeditado, en todo caso, a la eventual presentación de un recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno español, sobre el que la diputada de la CUP, por cierto, alertó preventivamente.