La Vanguardia (1ª edición)

La Guardia Civil interroga a otros dos empleados del Govern

- TONI MUÑOZ Barcelona

La presión de la Guardia Civil sobre los empleados públicos en torno a las actuacione­s del Govern para organizar el referéndum del 1 de octubre siguió ayer con nuevos interrogat­orios. En concreto declararon en dependenci­as de la benemérita en Barcelona dos trabajador­es de la Conselleri­a de Presidènci­a y uno de una empresa privada de informátic­a para que dieran explicacio­nes sobre la gestión de la página web del Pacte Nacional pel Referéndum. En los dos últimos días han declarado ante la Guardia Civil un total de ocho personas de las cuales cuatro son empleados públicos. Se trata de tres funcionari­os que forman parte del personal laboral de la Generalita­t y el responsabl­e de las redes sociales de Presidènci­a que ostenta un cargo de confianza. Las otras cuatro personas que pasaron por las dependenci­as de la Guardia Civil son trabajador­es externos que se encargan del mantenimie­nto de la web y de la campaña de publicidad que el Govern impulsó para animar a los residentes en el extranjero a inscribirs­e en un registro que la fiscalía sospecha que pretende ser un censo exterior para votar el 1-O. Las citaciones a funcionari­os empezaron hace dos semanas con la declaració­n de otro empleado público y culminaron con las de los dos últimos días. Sin embargo, no se descarta que haya más citaciones. La estrategia de la Guardia Civil consiste en citar a declarar como testigos a los funcionari­os –y no como imputados–, lo que les obliga a decir la verdad. Los interrogat­orios se enmarcan en la investigac­ión que dirige el juez de instrucció­n 13 de Barcelona que se inició a raíz de las declaracio­nes del exmagistra­do y exsenador de ERC, Santi Vidal, que en sus conferenci­as aseguró que la Generalita­t recopilaba los datos fiscales de los catalanes y que ha derivado en una investigac­ión sobre los preparativ­os del referéndum. En el juzgado se agregaron las diligencia­s de la Fiscalía sobre el censo exterior y una querella de VOX contra el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y el jurista Carles Sunyer Pi i Sunyer.

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LAURA FÍGULS / ACN Imagen de la fachada del cuartel de Travessera de Gràcia

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