Seguiremos
En la vida práctica hay problemas que tienen solución (o soluciones) y otros que no la tienen. El ámbito político de las democracias no es distinto. Algunos problemas tienen soluciones estables y otros no. Esta dualidad puede combinarse con la voluntad o no de los actores implicados al minimizar los problemas, tengan o no solución. Así, nos encontramos con cuatro tipos de situaciones: a) problemas con soluciones estables y voluntad de minimizarlos, b) problemas con soluciones estables pero sin voluntad de minimizarlos, c) problemas sin solución pero con voluntad de minimizarlos, y d) problemas sin solución ni voluntad de minimizarlos.
¿En cuál de estas situaciones se encuentra el contencioso Catalunya-Estado español? De entrada, no es cierto que no haya soluciones. La política comparada ofrece un abanico de técnicas de organización territorial –confederales, federal-plurinacionales, consociacionales, reglas de secesión, etcétera– de acomodación de democracias plurinacionales (Canadá, Bélgica, el Reino Unido). Dada la repetida falta de voluntad del poder central de minimizar el problema, creo que estamos ante la situación b).
Esta minimización vendría asociada a unas “terceras vías solventes”. Sin embargo, la práctica muestra que no resultan posibles (a diferencia de otras democracias). ¿Por qué eso es así? No hay una única causa, sino varias. Una de ellas es la contraposición entre dos culturas políticas, una de cariz estatalista y unitarista ante otra más societaria y confederal, refractaria a los impulsos homogeneizadores y centralizadores de la primera.
Una condición necesaria para encontrar soluciones factibles es saber definir bien el problema. Es decir, en primer lugar, caracterizarlo sin eufemismos ni distorsiones; en segundo lugar, establecer cuál es su cuestión básica; y finalmente, en tercer lugar, saber dónde se encuentran las soluciones. Es muy fácil ver que aquí no se da ninguno de estos tres componentes.
Los partidos españoles de derechas (PP y Cs) no tienen interés ni siquiera en plantear el problema nacional/territorial español, y todavía menos en buscar una solución solvente. Entre otras razones, su cultura política se lo impide. El pluralismo nacional, lingüístico y cultural les viene grande, lo viven como una molestia que ojalá no existiera. Eso sí, defienden que los ciudadanos de Catalunya sigan subvencionando un Estado que no reconoce su pluralismo nacional y que mantiene unos déficits fiscal y de infraestructuras escandalosos en términos de política comparada.
Los partidos de izquierda están atrapados entre dos imposibilidades. Por una parte, la propuesta de Podemos de un referéndum pactado de tipo británico resulta imposible sin el concurso del PSOE, que siempre se ha opuesto. Por otra parte, una reforma constitucional que supusiera una solución plausible resulta una imposibilidad práctica: el PSOE no tiene ningún modelo solvente (la declaración de Granada del 2013 está muy alejada de los modelos de federalismo plurinacional). Pero incluso si el PSOE se pusiera a trabajar seriamente en el tema –algo que nunca ha hecho– y pactara un modelo de este tipo con Podemos, eso no sería suficiente para aprobar una reforma constitucional en el Congreso y el Senado ante la oposición del PP y Cs.
Las derechas españolas no quieren una solución y las izquierdas, atrapadas en una doble imposibilidad, no tienen una solución práctica que pueda recibir este nombre. Así, en términos de unas terceras vías efectivas, el panorama resulta desolador. La “carga de la prueba” de que eso no es así corresponde a sus impulsores, sobre todo en términos de contenidos. De momento nadie ha ofrecido nada plausible más allá de apelaciones retóricas al “diálogo”, “consenso”, o a un “referéndum pactado” que, tal como están las cosas, se convierten en ejercicios vacíos o incluso cínicos y perversos. Ya no es momento de hacer comedia.
Desde Catalunya todo conspira para proceder a decisiones unilaterales (democráticas, cívicas y pacíficas). El problema de la independencia del país no es de legitimidad, sino de facticidad: ser lo bastante fuertes para conseguir implementar estas decisiones a pesar de la política de judicialización, inhabilitaciones, previsibles condenas de prisión, aplicaciones totales o parciales de los artículos coactivos de la Constitución, etcétera.
La degradación del Estado de derecho español todavía no ha tocado fondo. Y según cómo vayan las cosas, el papel hasta ahora pasivo de las instituciones europeas e internacionales podría revertirse a medio plazo. Pero aún queda camino para que eso pase.
Catalunya es un país resiliente ante los constantes intentos históricos de asimilación, incluidas dos dictaduras en el siglo XX. Sea cual sea la evolución de la situación actual, el problema de fondo permanecerá. Por eso creo que, a pesar de todas las dificultades, ahora es el momento de dar el máximo apoyo al referéndum convocado por la Generalitat. El Estado actuará. Si el referéndum se puede hacer, máxima participación; si no se puede hacer, movilización permanente con incidencia internacional. El partido seguirá. Seguiremos.
Si el referéndum se puede hacer, máxima participación; si no se puede hacer, movilización permanente