El juez imputa al presidente de ‘La Razón’ por desviar subvenciones
Casals pudo mediar para conseguir créditos blandos a favor de Zed
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción pusieron en marcha ayer la operación Hanta, relacionada con un supuesto fraude de subvenciones públicas por valor de unos 67 millones de euros. La sociedad beneficiaria de tales ayudas es Zed Worldwide, investigada por los fiscales desde hace varios meses. La investigación alcanza a casi una veintena de imputados, entre ellos el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y se han ordenado ocho detenciones, seis de ellas ya practicadas.
La Fiscalía considera que Casals intervino para conseguir del Ministerio de Industria créditos blandos a favor de Zed Worlwide, y que como resultado de estas operaciones La Razón recibió alrededor de dos millones de euros mediante contratos de publicidad simulados. El mencionado diario remitió a los medios de comunicación una nota en la que asegura que ni La Razón ni su presidente han tomado parte “en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente”.
Mauricio Casals ya fue imputado inicialmente en la operación Lezo por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero las diligencias fueron archivadas. El Grupo Planeta, a su vez, anunció ayer que se personará como acusación en el proceso y que como titular del 20% de Zed “viene denunciando las irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores del grupo Zed desde junio de 2011”.
La operación Hanta es la primera actuación de relevancia que lleva a cabo García Castellón desde su toma de posesión en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, tras 17 años apartado de esta instancia, en puestos de cooperación jurídica internacional. Pero la investigaciónestabaavanzadaporpartede Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Las indagaciones tienen que ver con la concesión de los citados créditos por parte del Gobierno a Zed Worldwide desde el 2010. Pero la labor policial comenzó, de hecho, el año pasado y en relación con presuntos delitos económicos cometidos por responsables de dicha sociedad. La UDEF detectó la creación de un entramado societario a escala internacional y con Zed Worlwide –creadora de Commando, un videojuego muy popular– como eje de las operaciones.
De hecho, la especialidad de esta empresa es la producción de vídeos y aplicaciones para móviles. Fue fundada por Javier Pérez Dolset, detenido ayer junto a su hermano Ignacio. El juez García Castellón también ordenó el registro de distintas oficinas y despachos –entre ellos el de Mauricio Casals– en Madrid, Barcelona y Valencia.
El hilo principal del que tiró la investigación de la operación nace de la declaración de quiebra de Zed. Los responsables de la administración concursal detectaron irregularidades que pudieron conducir al vaciamiento de la sociedad. De las diligencias practicadas se desprendió la conclusión de que los hermanos Pérez Dolset estaban tratando de impedir que eventuales decisiones judiciales futuras afectaran a su patrimonio, y que para ello se estaba utilizando un entramado empresarial de cierta complejidad.
La madeja se fue complicando hasta aparecer supuestos sobornos, entre ellos a un hijo de un ministro del Gobierno ruso. Zed había extendido sus intereses a Rusia desde finales de la pasada década. Y los Pérez Dolset relacionaron luego la caída de la empresa con supuestas maquinaciones urdidas por empresarios de dicha nacionalidad. Todo ello ha implicado una investigación a escala internacional en la que ha intervenido, entre otros departamentos, el FBI. En el plano
El fraude con las ayudas públicas alcanzaría los 67 millones y se han ordenado ocho detenciones
interno, Anticorrupción ha detectado numerosas irregularidades en las citadas concesiones de ayudas, y sobre todo en su manejo posterior, que habría determinado la apropiación indebida de no menos de 10 millones de euros por parte de los Pérez Dolset. En cuanto a los presuntos delitos cometidos, la Fiscalía Anticorrupción prevé un amplio abanico, desde insolvencia punible hasta administración desleal, pasando por fraude en las subvenciones y falsedad, tráfico de influencias y coacciones.