Cumbre de fiscales para la querella contra Puigdemont
Maza reunió a su equipo con el del TSJ de Catalunya
Cumbre en la Fiscalía del Estado sobre Catalunya. Cuatro horas de reunión, de 11 a 15, el martes por la mañana. Se habló de todo. Es decir, de todos y cada uno de los procesos penales puestos en marcha a raíz de los proyectos de desconexión. El encuentro reunió a la cúpula de la Fiscalía General del Estado con la de la Audiencia Nacional, la del TSJ de Catalunya y los fiscales jefes de las cuatro provincias catalanas. Se trataba de coordinar actuaciones. Lo más importante, la información transmitida de primera mano a los fiscales de Catalunya sobre la querella por rebelión que se presentará contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declara la independencia de Catalunya. Quedó claro que la querella se formalizaría ante el Tribunal Supremo (TS). Se mantienen opiniones diversas al respecto. Pero nadie levantará la voz contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, si definitivamente se presenta ante la Sala Penal del Supremo.
En la Fiscalía del Estado había especial interés en asegurar esta conformidad general con la instancia de presentación de la querella, porque el hecho es que el presidente de la Generalitat goza de fuero ante el TSJ de Catalunya. Primero, por ese cargo, la presidencia de la comunidad autónoma, pero también por ser diputado en el Parlament.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución en los términos propuestos por el Gobierno privaría en principio a Puigdemont del fuero derivado de la presidencia de la Generalitat, ya que sería cesado en este cargo. Pero seguiría siendo diputado. Por eso la Fiscalía General ha recurrido los artículos 57.2 y 70.2 del propio Estatut de Catalunya, en la medida en que prevén que sea el Supremo la instancia encargada de los asuntos penales que afecten al presidente de la Generalitat y a los diputados del Parlament cuando el supuesto delito que se investigue se haya cometido fuera del territorio de su comunidad autónoma.
En este caso, la querella contra Puigdemont sostendrá que el delito de rebelión se cometió en parte fuera de Catalunya. Este argumento se basará en la utilización de medios externos para la movilización ante el 1-O, todo ello con objeto de que el caso, al presentarse ante el Supremo, aleje de las instancias judiciales de Catalunya la responsbilidad de este proceso, en especial por las tensiones que pudiera generar.
La presencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y del teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo –encargado de la querella por sedición contra Trapero, Sànchez y Cuixart–, obedecía a otro propósito. Se trataba de confirmar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar todos los hechos ocurridos desde el 20 y el 21 de septiembre, con la concentración frente a la Conselleria d’Economia, hasta el 1-O. Hasta ahora, todos los interrogatorios se han limitado al primer episodio. La ampliación implicará con toda probabilidad nuevas comparecencias de los investigados. Sin perjuicio de ello, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y la magistrada Mercedes de Armas, del TSJ de Catalunya, mantienen abiertos sus respectivos procedimientos.
Dos acuerdos en firme: el president será juzgado en el Supremo, y la Audiencia Nacional investigará el 1-O