Trump se implica en la lucha contra los opiáceos
Declarada emergencia sanitaria la lacra que causa 64.000 muertes al año
El 175 es el número que marca un trágico fracaso colectivo.
A diario fallecieron 175 estadounidenses por sobredosis de opiáceos en el 2016, según alertó ayer el presidente Trump. Siete muertos a la hora, casi 64.000 en total, “más que si se combinan los fallecidos por homicidios con pistolas y accidentes de coche”. Hay otra cifra, que él no dijo. Según la Sociedad Americana de Adicción a los Fármacos, cuatro de cada cinco personas que prueban la heroína empezaron con recetas médicas de analgésicos contra el dolor.
Precedido por las palabras de su esposa, Melania, Trump calificó esta adicción como “la peor crisis por drogas en la historia de Estados Unidos” y afirmó que “podemos ser la generación que acabe con esta epidemia”. Realizó estos comentarios jugando incluso con la emotividad al recordar que su hermano Fred –“un tipo de mejor aspecto que yo, de mejor personalidad”– murió por el alcoholismo. “Aprendí la lección”, de ahí que no beba.
Así que dispuso a su Gobierno a luchar contra la epidemia de opiáceos al firmar “una emergencia de salud pública”, una figura que, sin embargo, limita el radio de amplitud de la “emergencia nacional”, como le solicitaron los expertos que el mismo convocó en marzo en una comisión, cuyo trabajo dirige Chris Christie.
La terminología es relevante porque la emergencia de salud facilita reorganizar los fondos federales y da flexibilidad a cada estado a la hora de disponer del dinero. Pero no supone nuevas dotaciones de dinero y en su comparecencia, ni siquiera hizo petición alguna al Congreso.
No se olvidó, en cambio, de su proyecto de construir el muro con México. “Ayudará a resolver el problema, tendrá un gran impacto”, proclamó.
La dimensión de la escalada se entiende al ver que en el informe de la comisión de la Casa Blanca, nombrada en búsqueda de un diagnóstico, utilizaron datos del 2015 y entonces había 145 muertos al día. Ante esto, concluyeron con la petición de que se declarase una emergencia nacional.
Trump dio por hecha esa declaración el pasado agosto. Dos meses después, pese a empeorar los números, estrechó el marco. “No podemos permitir que esto continúe”, subrayó sin gesto alguno de rascarse la cartera.
La emergencia de salud pública facilita redirigir fondos federales ya existentes, pero veta a los estados la posibilidad de recurrir a la caja destinada al resarcimiento de desastres, como huracanes o tornados, ni aporta la posibilidad de incorporar nuevas partidas como le solicitaron.
Fuentes oficiales, en conferencia telefónica, indicaron a diferencia del presidente, que “trabajaremos con los congresistas para elevar el techo de dinero”.
También explicaron que la reso-
El presidente aprovecha para señalar que “el muro ayudará a resolver el problema”
lución permitirá acceder a atención médica en áreas rurales para paliar esta epidemia o que partidas destinadas al sida se moverán en ayuda de los adictos.
Aunque estos portavoces insistieron en que este mecanismo ofrece un margen de maniobra y más práctico que el de la emergencia nacional, esa refocalización levantó suspicacias. Los analistas sanitarios mostraron su preocupación de que si se destinan los actuales fondos a combatir los opiáceos, esto amenaza con desviar la atención prestada al cáncer, la diabetes, los problemas cardiacos y otras dolencias.
“Una declaración de emergencia sin significativos nuevos fondos no puede tener éxito”, declaró Becky Salay, responsable en la organización Trust for America’s Health, a la agencia AP. En una sesión en el Congreso, legisladores de ambos partidos no escondieron su frustración por los argumentos y respuestas ofrecidos desde el Ejecutivo para luchar contra la epidemia. “No entiendo porqué no fluyen más recursos en zonas rurales como West Virginia”, afirmó el republicano David McKinley. “Los ciudadanos no tienen la sensación de que estén recibiendo apoyo”, añadió el legislador demócrata Ben Ray Lujan.
Nadie parece dudar de que el origen de esta terrible situación, que afecta a toda la geografía del país, está más vinculado a los laboratorios que a los campos de cultivo de Sudamérica. Se cuentan al menos 560.000 muertos entre 1999, cuando se calcula que los laboratorios iniciaron su presión para el consumo de paliativos del dolor, y el 2015.
El citado informe de la comisión presidencial remarcó que, en ese 2015 dos terceras partes de las sobredosis se vinculan a opiáceos como Percocet, OxyContin, heroína y fentanilo. Los estadounidenses consumen más opiáceos que ningún otro país, como recordó Trump. La cantidad de prescripciones en EE.UU. durante ese año fue suficiente para que cada ciudadano estuviera medicado las 24 horas durante tres semanas.
De esto se hizo eco Trump, que prometió “acciones judiciales contra las compañías que tengan una mala conducta” al promocionar o influir en las prescripciones de opiáceos. Pidió la colaboración de los médicos y aseguró la inversión de “muchos millones” para dar con analgésicos que no creen adicción”.
Trump vio cómo la semana pasada renunciaba Tom Marino, su elegido para la política antidrogas. Marino formó lobby con las farmacéuticas contra las fuerzas de seguridad en su intento de evitar la venta de opiáceos en el mercado negro.
Trump amenaza a las compañías que tengan una mala conducta en el mercado de fármacos