La Fiscalía no se rinde
El ministerio público considera consolidada su acusación de rebelión
Cada entrenador cuenta el partido como le conviene. Ayer el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tuvo uno de esos encuentros de vestuario con sus jugadores, en este caso con los fiscales que el día anterior habían tomado parte en los interrogatorios de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la ámara catalana. La defensa había conseguido la remontada, porque la Fiscalía pedía el ingreso en la cárcel para cinco de los seis comparecientes –y sólo para uno de ellos eludible con fianza–, y al final todos salieron del trance sin prisión incondicional. Pero la Fiscalía lo presentó como una victoria, y no recurrirá. ¿Por qué? Porque considera que ha entrado el clavo principal, ya que el juez Pablo Llarena les mantiene a todos acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
La Fiscalía, así, dio a conocer su balance de las comparecencias mediante una nota oficial en la que destaca que la resolución del juez “admite con una rigurosa y extensa fundamentación el planteamiento formulado en la querella interpuesta por la Fiscalía, por lo que la causa va a seguir tramitándose para investigar los presuntos delitos” citados. El auto de Llarena, en efecto, no sólo admite la tesis de la rebelión, sino que razona por qué de forma especialmente sutil.
El juez se plantea los hechos objeto de la querella y estima que los comportamientos en ella descritos “expresan el violento germen que amenazaba expandirse”. Tales comportamientos –bloqueo y asedio de edificios, aislamiento y acoso a agentes, cortes de carreteras, barricadas, “murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación”– fueron “conscientemente instrumentalizados para la obtención de la secesión”. En definitiva, “los promotores de la independencia” pudieron servirse de los “puntuales focos violentos” para “exhibir los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines”.
La Fiscalía se da por satisfecha con esta descripción de hechos, porque sirve para sustentar su acusación principal, la del delito de rebelión. En este sentido –y al margen de la nota oficial– los fiscales creen que lo principal es que aunque su petición de
medidas cautelares sólo prosperara parcialmente, han consolidado el proceso por muy graves delitos contra el Govern, la Mesa del Parlament y los Jordis. Los que ahora siguen en libertad o pueden obtenerla, en suma, llevarían camino de sentarse más adelante en el banquillo para responder de delitos castigados con muy elevadas penas de prisión, que en el caso de la rebelión pueden llegar hasta los 30 años.
El comunicado de la Fiscalía sí subraya, en cambio, el valor de que los querellados hayan dicho que dejarán la política o que la ejercerán “renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Y añade que la decisión de Llarena no deslegitima la de Lamela, porque en el caso de los exconsellers sí había “riesgo de fuga y de reiteración delictiva”. El juez rechazó además imponer a la Mesa una fianza civil de 6,2 millones de euros, por estimar sin “base probatoria” la tesis de la Fiscalía de que ese fue el coste del referéndum del 1-O.