Ofensiva social contra los cortes de suministros
La Alianza contra la Pobreza Energética y la Taula del Tercer Sector denuncian el aumento desproporcionado de los precios de la energía
Entidades sociales y que impulsaron la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética han iniciado una ofensiva contra “los cortes de suministros a personas o familias vulnerables”. La ley, que surgió de una iniciativa legislativa popular auspiciada por la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fue recurrida por el Gobierno del PP.
El recurso, sin embargo, sólo afectaba a los desahucios, pero no a las medidas contra la pobreza energética, que obligan a que antes de cortar los suministros básicos sean avisados los servicios sociales. Con esta parte de la ley en vigor se produjo el fallecimiento de una octogenaria en Reus, que no tenía más remedio que iluminarse con velas por falta de luz. La Alianza contra la Pobreza Energética y la Taula del Tercer Sector, que representa a más de 3.000 entidades, denunciaron ayer que esta muerte, de la que se acaba de cumplir el primer aniversario, puede no ser la última.
Llega el frío y hay al menos tres causas de alarma: el “aumento desproporcionado” de los precios de la energía, el descenso de los recursos familiares (con casi 90.000 hogares sin fuentes de ingresos, según estadísticas oficiales) y las deficientes calidades del parque inmobiliario. Un informe del Instituto Nacional de Estadística, esgrimido por la Taula del Tercer Sector, sostiene que más de la mitad de las viviendas de España se construyeron sin criterios de eficiencia energética y el “17% presentan humedades, goteras u otros problemas”.
Las entidades sociales subrayan que “un paso esencial en la lucha contra la pobreza energética es reconocer la energía como un derecho fundamental para una vida digna”. Los elevados beneficios de las principales empresas de gas y electricidad (más de 5.400 millones de euros, el año pasado) les deberían obligar a implicarse más en esta lucha, agregan estas mismas fuentes.
La Alianza contra la Pobreza Energética asegura que la muerte de Reus del año pasado destapó “la situación de miles de familias en Catalunya que no tienen garantizado el acceso a la luz, el gas o el agua”. El problema sigue vigente. Según la Agència Catalana del Consum, desde la entrada en vigor de la parte no derogada de la ley 24/2015, se han presentado 239 denuncias por cortes de suministro presuntamente ilegales,
La campaña coincide con el aniversario de un incendio mortal causado por las velas en un hogar de Reus
que la Generalitat puede castigar con sanciones de hasta 500.000 euros. Hasta la fecha, sin embargo, las suministradoras han recurrido todas las multas. Un año después de la muerte de la anciana obligada a alumbrarse con velas, todavía queda mucho trabajo por hacer. Aunque se han impedido muchos cortes, numerosas familias vulnerables “siguen sin poder pagar las facturas y acumulando deudas mes a mes”.