El Govern reubica a los menores inmigrantes en el Instituto Forense
La juez decana prohibió que durmieran en colchones en la Ciutat de la Justícia
La llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados ha saturado los centros de acogida y, ante la falta de plazas, muchos de ellos se ven abocados a pasar varias noches en el suelo de la Ciutat de la Justícia, lugar al que son trasladados tras ser localizados en la calle por los Mossos. Esta situación indigna fue denunciada en reiteradas ocasiones por la juez decana de Barcelona, Mercedes Caso, y la fiscal jefe provincial, Ana María Magaldi, que advirtieron que las dependencias judiciales y, en concreto, las celdas y el suelo de los pasillos de la fiscalía eran espacios inadecuados para los menores y exhortaban a la administración catalana a buscar una solución definitiva.
El apercibimiento final llegó el viernes tras una reunión entre la juez decana y los responsables de la dirección general de Atenció a la Infància (DGAIA) en la que la magistrada dictó la prohibición de que los adolescentes durmieran en dependencias judiciales.
La Generalitat tuvo entonces que tomar una decisión apresurada y, con la colaboración del Departament de Justícia, habilitó una sala del Instituto de Medicina Legal para que pudiera albergar a estos menores y que entró en funcionamiento el pasado lunes. Los menores inmigrantes, tras finalizar la prueba de edad ante la fiscalía, son conducidos a la sala de actos del instituto forense, donde están acompañados por educadores y, esta vez, sin la presencia de mossos d’esquadra. Hasta el viernes, los jóvenes aguardaban entre 48 y 60 horas para que la Generalitat les buscara una plaza en un centro de acogida. Mientras, pasaban la noche en calabozos, a pesar de que no habían cometido ningún delito, o pernoctaban en colchones tirados por el suelo de la sala de espera de la Fiscalía. Muchos de ellos, al estar encerrados durante tantas horas, sufrían crisis de ansiedad.
La intención de la Conselleria de Benestar, de quien depende la DGAIA, era buscar un emplazamiento definitivo, cercano a la Ciutat de la Justícia donde pudieran trasladarse los menores inmigrantes no acompañados una vez se hubieran finalizado la prueba de la edad. Sin embargo, la situación no está resuelta.
Las fuentes consultadas aseguran que el carácter de la nueva ubicación es “provisionalísimo” y la administración está a la espera de encontrar un enclave permanente. Aun así, con el traslado a la nueva ubicación, la Generalitat gana tiempo y permite deshacerse de la presión de los órganos judiciales ya que el instituto forense depende del Departament de Justícia.
La juez decana de Barcelona apretaba las tuercas del Govern al considerar que la situación era indigna y se venía arrastrando desde hacía meses, sin que la Generalitat adoptara una solución.
En un acuerdo gubernativo, que fue suscrito el viernes y que ayer fue presentado ante la sala de gobierno del TSJC, la magistrada recuerda que “los menores no han cometido delito alguno, y por tanto no puede permitirse que pasen largas horas ni mucho menos que pernocten en el área de custodia policial de la Ciudad de la Justicia”, y calificó de “absolutamente indigna” que pasen la noche en el suelo en la sala de espera de la Fiscalía. La juez destaca que corresponde a la administración catalana la protección de estos menores desde el momento en que son hallados por los Mossos d’Esquadra.
La intervención de la justicia se produce únicamente, advierte, para corroborar que la persona es menor de edad y carece de antecedentes penales, para así ser trasladada a un centro de acogida. Estos menores “se hallan bajo la protección y atención obligada de la DGAIA desde el momento en que son localizados y no de la Fiscalía de Menores”, señala.
Para comprobar que se cumple la prohibición de dormir en dependencias judiciales, la juez ha ordenado a los Mossos “información diaria de la identidad de los menores” con la hora de llegada, la de finalización de los trámites y la de salida de la Ciutat de la Justícia.
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