Después del 155

Un buen amigo me transmite su sospecha de que la decisión de convocar las elecciones inmediatamente tras la aplicación del artículo 155, esa hábil finta que pilló a todo el mundo con el pie cambiado, no fue en realidad fruto del cálculo político de Rajoy, que prefería esperar, sino resultado de la posición del Senado. Buen conocedor de la Cámara Alta, mi amigo me aconseja que lea con atención la propuesta del Gobierno sobre el artículo 155 y la norma finalmente aprobada.

Buceo en la red y veo que la propuesta del Gobierno contenía un paquete de medidas destinadas a controlar el Parlament de Catalunya, para evitar que pudiera aprobar disposiciones contrarias a la aplicación del artículo 155.

Concretamente, se privaba al Parlament de la potestad de proponer un candidato a presidir la Generalitat, se dejaban sin aplicación las funciones de control del Govern y se establecía que la Mesa debía remitir las resoluciones que se propusiera adoptar a la autoridad designada por el Gobierno para que esta, en un plazo de treinta días, manifestara su conformidad o no. En caso de denegación de la autorización, quedarían suspendidos todos los trámites parlamentarios subsiguientes.

Estas propuestas, recogidas en la disposición 12328 del BOE de 27 de octubre del 2017, significaban, de hecho, la plena sumisión del Parlament a la autoridad nombrada por el Gobierno central para hacerse cargo de la Generalitat.

Sin embargo, el Senado eliminó del texto los párrafos relativos a la necesidad de someter las propuestas parlamentarias a la aprobación de la autoridad designada por el Gobierno. Lo hizo por considerarlos, lisa y llanamente, contrarios a la Constitución. Así lo dice la disposición 12327 del BOE de 27 de octubre del 2017, con todas las letras: contrarios a la Carta Magna. Un curioso bofetón del Senado al Gobierno que ha pasado desapercibido. De esta forma, el Senado dejaba coja la estrategia del Gobierno, ya que de poco podía servir intervenir la Generalitat si el Parlament mantenía competencias que le permitían boicotear la aplicación del artículo 155.

¿Fue esta la razón que empujó al Gobierno Rajoy, haciendo de la necesidad virtud, a convocar las elecciones de forma inmediata, para disolver el Parlament? Difícilmente llegaremos a saberlo. En todo caso, reconforta ver que el artículo 155 no es una variante actual de aquel célebre article vint-i-sis, que, en la versión clásica de la revista satírica El Be Negre, distinta de la popularizada por La Trinca, decía así: Diu l’article vint-i-sis que, en cas de compromís, el govern té atribucions per passar-se pels collons totes les lleis del país. No. El artículo 155 es poco preciso pero no concede barra libre a nadie. La legalidad impone límites y el Gobierno se encontró con uno de ellos en el Senado. Fuera este motivo el que le empujó a disolver la Cámara catalana, como parece probable, fuera una iniciativa propia para descolocar a un soberanismo que se preparaba para una campaña de resistencia civil y que tuvo que cambiar de guión a toda prisa, lo cierto es que la medida obligó a los partidos a bajar de las nubes tormentosas de los grandes desafíos y de las proclamaciones solemnes y a poner los pies en el prosaico suelo de los programas y de las listas electorales. Además, transmitió un mensaje claro de que el Gobierno central no deseaba controlar las instituciones catalanas ni un minuto más de lo necesario para restablecer la normalidad.

Sin embargo, el envite no está exento de riesgo. Con los Jordis y la mitad del depuesto Govern en la cárcel –una medida cuando menos discutible que no contribuye a crear el mejor clima para los comicios–, las elecciones se están planteando como un plebiscito sobre el 155. Si el soberanismo pierde su mayoría en la Cámara, se abrirá una nueva etapa política y todos los partidos tendrán que reajustar su estrategia. Pero ¿y si el soberanismo renueva su mayoría parlamentaria? Esta pregunta, para la que no hay una respuesta clara, puede emponzoñar la campaña.

En todo caso, ocurra lo que ocurra el 21-D, no volveremos a la normalidad hasta que la mayoría de los ciudadanos de Catalunya sienta el Estado como propio, hasta que piense que sus normas son justas y esté dispuesto a cumplirlas, cosa que no sé si ocurre hoy. Para conseguirlo, habrá que ver cómo se rectifica el error causado por el recurso sobre el Estatut, revisar la financiación autonómica y abrir la puerta a un modelo que, en la arena de la competencia global, apueste por dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y no por una sola, como Alemania apuesta por Frankfurt y Berlín o Italia por Roma y Milán. De otro modo, no sé cómo se va a evitar que se repita lo sucedido.

Estas reformas no son fáciles, porque fuera de Catalunya la mayoría de la opinión pública no está por la labor. Por eso el problema catalán es, en realidad, un problema español.

No volveremos a la normalidad hasta que la mayoría de los ciudadanos de Catalunya sienta el Estado como propio