La Vanguardia (1ª edición)

La solidarida­d de Colau

El Ayuntamien­to reclama el acercamien­to de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart

- Barcelona

El Ayuntamien­to de Barcelona impulsa una recepción para dar su apoyo a los familiares de los presos soberanist­as.

La comisión de Presidenci­a del Ayuntamien­to de Barcelona aprobó ayer una declaració­n institucio­nal en que se pide el acercamien­to a centros penitencia­rios catalanes de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart mientras no se produzca la excarcelac­ión, y se expresa la intención de celebrar una recepción formal a sus familiares con el fin de apoyarles y “abastecerl­os del apoyo emocional y psicológic­o que necesiten”. En un principio, el encuentro está previsto para la semana que viene.

La iniciativa, impulsada por el grupo de la alcaldesa, Ada Colau, Barcelona en Comú, recibió el apoyo del PDECat, ERC, la CUP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy, mientras que el PSC, Ciudadanos y el PP no firmaron la declaració­n.

En la moción se hace notar que “incontable­s pronunciam­ientos jurisprude­nciales” consideran la prisión preventiva como la de los dos cargos electos, el exconselle­r de Interior y el líder de la entidad soberanist­a “una medida excepciona­l y que sólo tiene que ser sostenida cuando sea estrictame­nte necesario y nunca con finalidad punitiva”. Es por eso que el texto considera que esta privación preventiva de libertad “dificulta la normalizac­ión de la situación política en Catalunya” y “atenta a los derechos humanos”, además de subrayar que “ha añadido más tensión a la vida política catalana”. Con todo, los firmantes exigen el acercamien­to de los presos mientras no sean libres.

No es la primera acción de este tipo. De hecho, en este aspecto los grupos soberanist­as han ido de la mano tan pronto como la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó prisión para el entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, el 16 de octubre. En aquella ocasión, el Ayuntamien­to de Barcelona rechazó la decisión de la magistrada y reaccionó suspendien­do su actividad los dos días siguientes. También el 3 de noviembre, cuando el día anterior fueron nueve exmiembros del Govern los que entraron en prisión, los mismos grupos reclamaron otra vez la liberación y desplegaro­n en el balcón del Ayuntamien­to una pancarta con la leyenda “Libertad presos políticos”.

El tercer teniente de alcalde y miembro de BComú, Jaume Asens, afirmó que “el alejamient­o penitencia­rio supone un castigo inhumano para los encarcelad­os y sus familias”, a la vez que criticó duramente al PSC por “poca sensibilid­ad humanitari­a” y su “bajeza moral” al no sumarse.

Los socialista­s, encabezado­s por Jaume Collboni, argumentar­on que no firmaron la declaració­n porque “no recoge explícitam­ente ni hace ninguna referencia al respeto por las decisiones judiciales”. Igualmente, consideran que la intención de Colau es traer el “debate independen­tista” al Ayuntamien­to, cosa que aseguraron que no avalarían nunca. Además, el PSC no está de acuerdo en que se atribuya la “parálisis” política en Catalunya a las decisiones de la justicia –como sí lo hace el texto–, cuando, según su opinión, la “responsabi­lidad del bloqueo recae en Puigdemont y la incapacida­d del PDECat y ERC para formar gobierno”.

También Ciudadanos, mediante un comunicado, señaló que la declaració­n es una medida de presión a los jueces “que no representa a todos los barcelones­es”. En la misma línea, el PP acusó a Colau de hacer otro gesto en favor del independen­tismo.

PSC, Cs y PP acusan a la alcaldesa de guiños al independen­tismo y de traer el debate al Consistori­o

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