El TC deja en suspenso parte de la ‘Hacienda catalana’
El Gobierno recurrió alegando la igualdad de acceso a la función pública
“Hay medios para evitar la independencia de Catalunya”. El mensaje lanzado ayer por Mariano Rajoy a sus diputados en el Congreso tenía un destinatario 600 kilómetros más al noreste y venía acompañado de decisiones del Tribunal Constitucional e iniciativas de la Fiscalía para ahondar en la querella presentada por el 9-N. Al choque ideológico se suma ahora, en plena campaña electoral, el enésimo choque institucional. El Ejecutivo de Rajoy enarbola las tablas de la ley y el Tribunal Constitucional se ha convertido, a su pesar, en el destinatario ordinario de gran parte de la legislación aprobada en el Parlament de Catalunya.
Ese es el caso de la ley de la Agencia Tributaria Catalana, una de las denominadas estructuras de Estado que el Govern impulsó con más ahínco durante la legislatura con acuerdos con las diputaciones provinciales y dotándola de una nueva estructura de mando y personal para comenzar a asumir funciones de recaudación y gestión de impuestos. y con acuerdos con las diputaciones provinciales. El último impulso del organismo llegó el pasado junio por la vía de urgencia cuando el Parlament dio luz verde a la integración voluntaria de funcionarios en los cuerpos de inspectores y técnicos de gestión tributaria de la Generalitat.
El Gobierno central recurrió el 31 de julio y el Constitucional acordó ayer la admisión a trámite y la suspensión automática –sin entrar en el fondo– del artículo en disputa. Lo mismo ocurrió con la tasa audiovisual sobre las operadoras de internet. La Generalitat recibió el trámite como una nue- va evidencia de la voluntad “recentralizadora” y de “asfixia” del Ejecutivo central hacia Catalunya, mientras PP o Ciutadans aprovecharon para sumar la decisión del TC a su argumentario. “Una broma” que, según Inés Arrimadas, ha costado 35 millones.
Pero más allá del automatismo del Alto Tribunal, la Fiscalía dio un nuevo paso para acelerar la tramitación de la querella del 9-N. La iniciativa fiscal supone, a la práctica, el último escalón antes de plantear ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la imputación de Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Ensenyament Irene Rigau. Especialmente por que uno de los testimonios que solicita la Fiscalía es el del entonces asesor en materia de opinión pública de la Conselleria de Governació, Joan Cañada, una de las personas clave en la organización del proceso participativo, aunque en el escrito fiscal tan sólo se hace referencia única a la gestión de la página web del 9-N. También se pide la citación del responsable de la coordinación de incidencias informáticas del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la directora del Centre d’Iniciatives de Reinserció (CIRE), donde se elaboraron las papeletas y las urnas de cartón, y el administrador de la empresa Focus, que asumió el montaje del centro de prensa.
La fiscalía quiere “completar la imagen del cuadro de actuaciones públicas desarrolladas” el 9-N. El Alto Tribunal debe decidir ahora si atiende la petición de la Fiscalía y cuando, teniendo en cuenta que se ha citado el lunes a la directora de un IES de l’Hospitalet que denunció presiones de la Generalitat al negarse a abrir su centro para la votación.
La estrategia del Gobierno, con la reforma del Tribunal Constitucional como bandera, pasa por ahogar en los tribunales cualquier paso posterior al 27-S, comenzando por la declaración prevista en la hoja de ruta de Junts pel Sí de inicio del proceso hacia la constitución de un Estado propio. En paralelo a la vía judicial, y con el compromiso de Rajoy de que no permitirá que “se liquide la unidad nacional”, los populares lanzarán hasta el día de las elecciones mensajes sobre las “consecuencias” de la independencia, comenzando por la pérdida de derechos, subvenciones o ayudas. La réplica llegó del propio presidente de la Generalitat que ayer recibió el apoyo de más
EL MENSAJE Rajoy advierte que el Estado tiene medios para evitar la independencia catalana Mas defiende el proceso como el cambio, mientras el PP alerta de pérdida de derechos
LAS ESTRATEGIAS
de 300 empresarios catalanes. Artur Mas aseguró que no paralizará el proceso a la espera de las elecciones generales pero en su discurso también ofrece garantías de que se blindará la actividad económica para evitar cualquier perjuicio. La pretensión de Junts pel Sí es plantear la independencia a los sectores productivos como única garantía de cambio, aunque en la cita de ayer también hubo tiempo de equiparar el discurso de Pablo Iglesias –que se disculpó por sus referencias etnicistas– con el de José María Aznar y la ultraderecha.
Pero la batalla transcurre ya en varios frentes y Rajoy tiene preocupaciones electorales más allá de Catalunya. El líder del PP reprochó al PSOE su actitud ante el debate catalán, al tiempo que Pedro Sánchez responsabilizaba a Rajoy de ser “el problema de España”. Los refuerzos socialistas llegaron desde Sevilla. Susana Díaz, en su reaparición tras la maternidad, acusó al presidente del Gobierno de alimentar el independentismo con iniciativas como la reforma del TC.