El fiscal se reafirma en pedir 10 años de inhabilitación para Mas por el 9-N
Los tres acusados tendrán la posibilidad de tomar la palabra hoy para acabar el juicio
El juicio por la consulta del 9-N finaliza hoy con las conclusiones de las partes. El fiscal ayer ya avanzó que mantendrá su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau. Los acusados podrán tomar hoy la palabra si lo consideran oportuno.
El juicio por el proceso participativo del 9-N encara su recta final, y lo hace con los mismos presupuestos que empezó. El fiscal Emilio Sánchez-Ulled mantuvo ayer todos los cargos contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau y confirmó la petición de diez años de inhabilitación para el expresident de la Generalitat y nueve para la exvicepresidenta y la exconsejera, por desobedecer al Tribunal Constitucional. Las defensas sostienen que no hay delitos y exigen la absolución.
Durante el día de ayer finalizó el desfile de testigos llamados al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y al terminar las diferentes partes dieron cuenta de si mantenían sus conclusiones iniciales. La Fiscalía, sí, pues continua solicitando inhabilitar a los tres para el ejercicio de cargo electo en el ámbito local, autonómico o estatal o para el ejercicio de tareas de gobierno en Madrid o Barcelona. Es decir, que no quiere que sean diputados ni en la Ciutadella ni en las Cortes, ni senadores, ni concejales o alcaldes, ni consellers o presidentes de la Generalitat o del Gobierno.
¿En qué fundamenta la Fiscalía su demanda? Pues en los testimonios que se han podido oír en la sala, pero también un una abundante recopilación de documentos aportados. El propio SánchezUlled relató ante el tribunal cuáles eran, a su juicio, los principales, que persiguen demostrar que Mas, Ortega y Rigau conocían perfectamente que el Tribunal Constitucional había suspendido el proceso participativo e hicieron caso omiso de ello, y que entre esta providencia y la fecha de las votaciones, esto es entre el 4 y el 9 de noviembre del 2014, continuaron impulsando y permaneciendo tras la consulta. Para el fiscal, el argumento de que la organizafue ción se trasladó a los voluntarios, es un ardid.
En este último campo, para la Fiscalía reviste especial interés las labores informáticas desarrolladas para el proceso. Por ejemplo, un grupo de correos electrónicos intercambiados entre la empresa Fujitsu (que cargó los programas en los ordenadores portátiles que se dejaron en los puntos de votación) y el Centre de Telecomunicacios i Tecnologies de la Informació (CTTI), dependiente de la Generalitat, sobre los trabajos; y en especial cuatro que hablan del estado de las tareas que se van haciendo en esos días.
También resaltan las comunicaciones entre T-Systems (que creó los programas informáticos) y la Generalitat, en el sentido de si debían continuar con el contrato tras la providencia, y la respuesta que sí. Una correspondencia que es la base de la acusación contra Francesc Homs.
O también la discrepancia sobre si la web de participación se mantuvo activa hasta las votaciones. Aquí la imputación se sostiene en un informe llevado a cabo por la Guardia Civil, cuyos agentes declararon ayer como peritos ante el TSJC. En su comparecencia aseguraron que en la citada página se produjeron cargas y actualizaciones de datos los días 4, 7,9 y 10 de noviembre. Los agentes afirmaron taxativamente que la Generalitat podría haber desactivado la página si hubiera querido en un periodo de entre 24 y 48 horas, aunque la web estuviera en varios servidores.
Además, los guardias explicaron que el código fuente que les llegó desde T-Systems era incompleto, y agregaron que analizaron distintos programas elaborados para el proceso. Entre ellos había uno que se cargó en los portátiles y que servía para introducir información que podía convertirse en una base de datos, aunque no pudieron discernir qué base de datos y para qué.
Además, el fiscal también resalta la providencia del TC de 4 de noviembre, una carta del presidente del tribunal al de la Generalitat de la misma fecha y el acuerdo del Govern de recurrirla.
Por otra parte, en la sesión de ayer declararon ocho testigos propuestos por el abogado de Joana Ortega, Rafael Entrena, que quisieron dejar claro que la jornada del 9-N estuvo en manos de los voluntarios, sin soporte de funcionarios de la Generalitat.
A los cinco días de iniciarse, mañana debe concluir el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau con los informes de los abogados. Después de los testimonios de los acusados, de las declaraciones de 36 testigos y dos peritos, volvemos al principio: el fiscal les acusa de desobediencia y sus defensas les exoneran. Y para acabar, ellos tendrán la posibilidad de una última intervención. Ya sólo quedará la sentencia y los relatos contrapuestos sobre lo que ocurrió el 9-N.
RESPONSABLES DE LA VOTACIÓN Ocho testigos señalan que la jornada del 9-N quedó en manos de los voluntarios CONCLUSIÓN DE LA VISTA Los acusados tendrán hoy la posibilidad de una última palabra para acabar el juicio