El ministro de Justicia rumano dimite para tratar de frenar las protestas
Redacción y agencias El ministro de Justicia de Rumanía, Florin Iordache, anunció ayer su dimisión después de una semana de manifestaciones que han hecho tambalear al mismo Ejecutivo. El primer ministro, el socialdemócrata Sorin Grindeanu, sobrevivió el miércoles a una moción de censura, pero sus críticos seguían pidiéndole un precio político por el decreto –retirado– que despenalizaba los casos de corrupción si las pérdidas públicas eran inferiores a 200.000 lei (unos 44.000 euros)
Al final el cabeza de turco ha sido Iordache, uno de los arquitectos de la polémica ley que buscaba descongestionar las prisiones y adaptar el Código Penal a recientes sentencias del Tribunal Constitucional, según la versión gubernamental.
“Desde que llegué al Ministerio de Justicia me propuse efectuar todos los trámites legales para remediar una serie de problemas existentes y bastantes, sensibles. Todas mis iniciativas han sido legales y constitucionales”, se defendió Iordache en una rueda de prensa. “Aun así, no ha sido suficiente para la opinión pública, por lo que he decidido presentar mi dimisión”, añadió.
El domingo, más de medio millón de rumanos desafiaron al frío para manifestarse contra el decreto del Gobierno, compuesto por los socialdemócratas (PSD) y la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE). Desde entonces el movimiento antigubernamental ha perdido amplitud, y el miércoles sólo quedaban algunas miles de personas en Bucarest y en Cluj-Napoca, en el este del país.
Iordache no es el primer miembro de este Gobierno –el tercero en dos años– que cae por este asunto. El ministro de Comercio, Florin Jiano, alegó “motivos de conciencia” al dimitir a principios de este mes por sus discrepancias de fondo con la política judicial. En su rueda de prensa, el hasta ahora titular de Justicia no comunicó quién le sucederá en el cargo.
El proyecto también fue criticado dentro de la Unión Europea, que tiene un mecanismo de vigilancia para la lucha anticorrupción en Rumanía, uno de los últimos en entrar en el club (2007). El país ha intensificado en los últimos años su lucha contra la corrupción gracias a un órgano especializado, el DNA, creado a principios de los años 2000. Sólo desde el 2010 han sido encarcelados en el país 3.000 políticos, responsables policiales y funcionarios, entre ellos el ex primer ministro Adrian Nastase.
Ayer mismo, el Tribunal Constitucional, preguntado por la Fiscalía, se declaró sin competencias para “analizar a fondo” sobre la constitucionalidad del decreto derogado.
“Todas mis iniciativas han sido legales y constitucionales”, se defiende el ministro dimisionario