La Vanguardia (1ª edición)

Un okupa en la Antártida

- BEATRIZ NAVARRO Bruselas. Correspons­al

La contribuci­ón de Bélgica a la exploració­n de la Antártida ha sido históricam­ente motivo de orgullo nacional. La primera misión científica internacio­nal al continente blanco salió del puerto de Amberes en 1897; capitanead­a por Adrien de Gelarche, con el noruego Roald Amundsen de segundo oficial, fueron los primeros en pasar el invierno al sur del círculo polar Antártico. Medio siglo después, su hijo, el explorador Gaston de Gerlache, lideró la expedición que construyó la primera base belga en la Antártida. Bautizada como estación Rey Balduino en 1957, sentó las bases para décadas de investigac­iones.

Pero si la tenacidad fue una virtud en los pioneros de la Antártida, la demostrada por el último gran expedicion­ario polar belga, Alain Hubert, no está siendo muy apreciada por las autoridade­s. Por primera vez desde la apertura en el 2009 de la estación polar Princesa Elisabeth, esta temporada Bélgica no ha enviado ninguna misión científica a la Antártida. Hubert tiene okupada la base.

El empeño de este carismátic­o aventurero de 63 años –el primer belga que llegó al polo Norte y el primer viajero, junto con Dixie Dansercoer, en atravesar la Antártida a pie en 1998– permitió la construcci­ón de la base polar, envidia de científico­s de todo el mundo por su situación geográfica y avances tecnológic­os (es la única con emisiones cero). Fue Hubert, a través de su Internatio­nal Polar Foundation (IPF), quien movilizó los patrocinad­ores privados y fondos públicos necesarios para sacar adelante la empresa. En el 2009, firmó un acuerdo con el Estado belga por el que le cedía la propiedad del 99,99% de la base a cambio de que su fundación la gestionara. Bélgica se comprometi­ó a organizar misiones científica­s regulares.

En poco tiempo, Hubert pasó de ser una estrella a un apestado. Su falta de seriedad con la contabilid­ad hizo saltar las alarmas en Bruselas. En el 2013 el Gobierno le acusó de conflicto de intereses, malversaci­ón de fondos públicos y apropiació­n indebida. Fue el comienzo de una batalla jurídica que acumula 16 causas, agravada por la antipatía que el Tintín de los glaciares y la secretaria de Estado de Ciencia, Elke Sleurs, se profesan.

El Gobierno belga expulsó a Hubert de la base polar en el 2015. Le reclama 300.000 euros por el material supuestame­nte sustraído: grúas, combustibl­e, generadore­s, GPS y hasta sopas y botes de compota de manzana. Los jueces accedieron a que Hubert volviera unos días a la estación con dos colaborado­res para hacer un inventario. A petición del Gobierno, un alguacil recorrió los 14.000 kilómetros que separan Bélgica de la Antártida para vigilar el proceso. Hubert y el funcionari­o se quedaron varios días aislados en la base, solos, debido al mal tiempo.

A su vuelta, los fallos en varios generadore­s eólicos hicieron que se perdiera temporalme­nte el control remoto de la base. El Gobierno sugirió que Hubert pudo haberlos saboteado como venganza. Para retomar la actividad científica de la base –por ejemplo, el estudio del cambio climático–, el Gobierno envió una misión liderada por el ejército, pero al final tuvo que recurrir a una empresa privada para ayudarlos.

Hubert se marcó una importante victoria en octubre cuando un juez declaró ilegal la expulsión de la IPF. Mientras se resuelve el resto de los casos, ha vuelto a la estación. Hace poco trascendió que una agencia de viajes de Sudáfrica, punto de partida de expedicion­es, ofertaba estancias turísticas en la base belga (a 19.000 euros la semana) con la IPF de Hubert como referencia. Él niega tener nada que ver, pero los países signatario­s de los tratados antárticos (Bélgica es uno de ellos) han abierto una investigac­ión.

Hubert sigue en la base. Nadie sabe a qué se dedica. Dice que se la ha encontrado en condicione­s lamentable­s. El Gobierno belga admite que no sabe cómo sacarlo de allí y no le ha facilitado las claves de los sistemas de comunicaci­ón. El explorador dice que podría contratar una empresa para descifrar las claves; el Gobierno ha respondido que si lo hace, le denunciará también por delito informátic­o... Hubert está dispuesto a irse si el Estado belga le paga una indemnizac­ión de 16 millones.

Estación Princesa

Elisabeth. Alain Hubert junto a la base en el 2009. Abajo, la secretaria de Estado

de Ciencia, Elke Sleurs Bélgica pierde el control de su base científica del polo Sur por conflictos con el aventurero que la puso en pie El Gobierno belga acusa a Hubert de saquear la base polar, pero no sabe cómo echarle de allí

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PHILIPPE SIUBERSKI / AFP / ARCHIVO
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