El referéndum está despenalizado
El 9-N es un bagaje político por el que cabe sentirse orgulloso. Ese fue el espíritu de la comparecencia que la exvicepresidenta Joana Ortega prestó ayer en el TJSC haciendo uso del último turno de palabra. Aseguró que la consulta de noviembre de 2014 fue el día que más orgullo sintió en su carrera política. “Se nos juzga por una actuación política de un gobierno legítimo que obedecía un mandato democrático”. La exvicepresidenta también hizo una referencia velada al Gobierno central, al que acusó de “esconderse detrás del Código Penal”, un hecho que niega “la capacidad de diálogo, el entendimiento y la mediación”. Su abogado, Rafael Entrena,subrayó que “nunca se debía haber llegado a esta situación” al entender que un conflicto político nunca puede resolverse por la vía criminal. El letrado recordó que en el 2005 se despenalizó la celebración de referéndums ilegales, un delito que se intentó reintroducir en el 2012 sin que fuera aprobado. “Si no es delito hacer un referéndum, aún menos un proceso participativo sin efectos vinculantes”. En este caso, Entrena sostuvo que la votación quedó en manos de los voluntarios tras el veto del TC y que el Govern se limitó a informar a los voluntarios sobre cómo debían proceder. “Informar no es gestionar, informar no es ejecutar, informar no es desobedecer”, concluyó. La defensa de Ortega reivindicó que la idea del 9-N pretendió siempre cumplir la ley.
“Dar voz al pueblo no es ningún delito, es una obligación para un gobierno”
Joana Ortega