El juicio del 9-N y la política

EL juicio del 9-N quedó ayer visto para sentencia. Los tres procesados, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, pronunciaron sendos alegatos finales, de claro contenido político. El expresident Mas afirmó: “Estamos aquí no por haber desobedecido a ningún tribunal, sino por el éxito del 9-N; como no gustó al Estado español y se consideró como un desafío, ahora estamos aquí porque han querido que alguien pagara”. Tal como ha expresado en varias ocasiones, Mas se declaró “máximo y único responsable político” de aquella jornada y añadió: “No soy culpable de haber cometido ningún tipo de delito”. “En nuestro ánimo –según el líder nacionalista– no estaba desobedecer a ningún tribunal. Queríamos plantar cara ante un gobierno español que quería impedir que la gente participara en aquel proceso. ¿No recuerdan que yo dije que aquel proceso no tenía consecuencias legales?”.

Desde el lunes y hasta ayer, el fiscal, Emilio SánchezUlled, intentó probar que los tres procesados vulneraron la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, lo cual –según su criterio– representa haber cometido delitos de desobediencia y prevaricación. Sánchez-Ulled –que hizo una reivindicación explícita de su independencia en una intervención inusual por parte del ministerio público– vinculó la actitud de los acusados al concepto “deslealtad constitucional”. La defensa, de acuerdo con la estrategia exhibida desde el primer día, insistió en la falta de requerimiento del TC al Govern. El juicio oral no ha clarificado de manera rotunda que exista prueba de cargo suficiente para acreditar una actuación técnicamente “desobediente” después de la providencia del TC del 4 de noviembre. Pero también es cierto que los voluntarios tuvieron a favor las inercias puestas en marcha anteriormente desde el ámbito institucional. La ambigüedad en la actuación del TC propició que se realizara una consulta informal de gran alcance el 9 de noviembre del 2014. El tribunal deberá dirimir si se incurrió en un delito de desobediencia porque no toda desobediencia es necesariamente un delito en términos jurídicos.

En este juicio ha sobrevolado inevitablemente el contexto de tensión y falta de diálogo entre los gobiernos central y catalán. Insistimos hoy en una idea: hay que devolver a la política lo que pertenece a la política, y para conseguirlo son imprescindibles dos factores: el respeto a la legalidad y que ningún dirigente político catalán quede excluido de manera irreversible de la escena pública. El momento es delicado y exige máxima responsabilidad y altura de miras por parte de todos.