PRESIDENTA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
“Algunas tendencias populistas pueden cuestionar los valores de la justicia internacional”
Abogada, jueza y diplomática, Silvia Fernández nació en Argentina hace 62 años y desde hace dos preside la Corte Penal Internacional. La semana pasada participó en Valencia en la 8.ª Asamblea General del Colegio de Abogados Penal Internacional.
¿Qué balance realiza de sus dos años al frente de la Corte Penal Internacional (CPI)?
Cuando fui nombrada en el 2015 me marqué como prioridad esencial para la CPI mejorar su eficiencia y su efectividad. Esto ha implicado acelerar procedimientos, mejorar la administración de la institución, la gobernanza interna y acelerar los procesos. En este sentido estoy satisfecha. Para lograrlo los órganos del alto tribunal –jueces, fiscales y secretaría– han tenido que realizar un esfuerzo colectivo con el fin de identificar mejor los problemas. Los jueces trabajan en salas pero he logrado también, sin perjuicio de su independencia, que establezcamos discusiones de grupo.
Usted me habla de cuestiones internas, pero a nivel externo las expectativas eran enormes sobre la actuación de la CPI. Más aún en un mundo con tantos y graves conflictos. ¿También se siente satisfecha de esa labor? Cierto. Mi otro gran objetivo era mejorar la cooperación externa y la comprensión de la labor de la CPI. Porque es importante la percepción que el mundo tenga de nosotros. El desafío, en este terreno, es a largo plazo, porque le trabajo es inmenso. Y no le negaré que hemos tenido que lidiar con expectativas tal vez excesivas. La CPI no puede arreglar todos los problemas del mundo. Nuestro mandato es acotado pero ambicioso, y debe ceñirse a contribuir a la resolución de conflictos y a establecer soluciones pacíficas. Tenemos claro que debemos intervenir en situaciones de crímenes contra la humanidad allí donde los sistemas nacionales no pueden llegar. Pero no hay pocas dificultades. La primera es estructural, porque tenemos 123 estados que forman parte y deberíamos sumar más. Y por lo tanto no podemos intervenir en todas las situaciones donde se están produciendo graves crímenes o conflictos porque no tenemos competencias para hacerlo.
Esta situación genera la visión de una acción selectiva. Lamentablemente es una consecuencia ineludible del tratado por el que se fundó la CPI. Por eso para mí es un desafío enorme ampliar la participación de estados en el tratado, universalizarlo, para poder ampliar nuestra capacidad de intervención.
Si algo enseñó el juicio contra Slobodan Milosevic fue que sin cooperación internacional es casi imposible perseguir, capturar y juzgar a los criminales de guerra. Se lo digo porque se hace difícil pensar en la capacidad de acción de la CPI cuando países como EE.UU., Rusia o Israel no se han sumado al tratado. Pero la CPI ha logrado bastante cooperación internacional en los casos que ha investigado. No sólo de estados parte, sino también de organismos internacionales como la ONU, con el que tenemos un claro acuerdo de colaboración. El problema, le insisto, no es la cooperación sino la falta de ratificación del tratado que nos resta capacidad y competencia a la CPI para actuar en ciertos conflictos. Por eso es fundamental ampliar la universalización.
Muchos han esperado las sentencias de la CPI para producir un efecto disuasorio. ¿Cree que se ha logrado? Es que esa es en parte nuestra labor, la de combatir ciertos crímenes para producir un efecto disuasorio. Para evitar que algunos tengan la tentación de repetir esas barbaridades. Pero lo que hace falta es establecer una cultura judicial donde todos sepan que ciertos comportamientos y delitos van a tener conse-
cuencias. Ese es el gran desafío, actuar no sólo pensando en unos casos sino en establecer una visión global de la justicia internacional, y sobre esa premisa instalar un sistema que genere en ciertas personas la expectativa de que van a ser juzgados si cometen esos delitos. Por eso es importante que todos los estados se sumen al tratado de la CPI y comprendan esa importancia de la justicia para que este sistema sea más eficaz. La legitimidad y el desafío de la CPI se consolidará con su universalización.
Si en política ya es complicado, en justicia imagino que será aún más ceder soberanía nacional a instituciones internacionales. Es cierto. El hecho de haber creado esta CPI es en sí mismo un avance importantísimo porque la soberanía y el internacionalismo siempre están en tensión. Más aún en el ámbito penal; es un clásico. Pero hay que dar tiempo, en términos institucionales, a la CPI para consolidarse; es joven, sólo 15 años, y con la labor que ya hemos realizado creo que hemos conseguido éxitos importantes. No debemos, al respecto, ser impacientes.
La CPI nace en los noventa, tras los conflictos de los Balcanes y Ruanda. Había, al respecto, un clima mundial favorable. ¿Lo encuentra también en esta década? Aquella fue una década fundamental, y muy fecunda para el derecho internacional. Ruanda y los Balcanes propiciaron un fuerte clima de opinión pública, y una gran esperanza en instituciones judiciales internacionales. Creo que ahora vivimos una década más difícil, donde hay más reticencias a establecer la internacionalización de la justicia. Pero creo que paso a paso lo lograremos.
Se lo digo también por el auge de los populismos en muchos estados que exigen recuperar soberanía frente a los organismos internacionales. El Brexit británico es un buen ejemplo. Es cierto que algunas tendencias pueden llevar a cuestionar ciertos valores de justicia internacional que se instalaron bien en los años noventa, pero creo que de momento no hay peligro. No le negaré que las dificultades del mundo actual son obvias. Pero usted entienda que en el terreno judicial la CPI no es antagónica de las soberanías nacionales, ni somos una amenaza para los sistemas nacionales. Somos un alto tribunal de último recurso que sólo interviene en situaciones en las que los estados no pueden o no quieren intervenir.
No son pocos los estados africanos que les acusan de ser un “tribunal para blancos”. Es cierto que la CPI en sus primeros años se ha focalizado en abordar investigaciones judiciales en África, y eso ha generado cierta percepción errónea. Pero quiero recordar que la gran mayoría de estos casos fueron llevados a la CPI por estados africanos incluyendo casos recientes; es decir, ellos pidieron la intervención y la ayuda. Ahora mismo tenemos investigaciones en marcha en todos los continentes.
¿Es usted partidaria de ampliar la capacidad de actuación de la CPI en un momento en el que surgen nuevos dramas humanos como el tráfico de personas en la inmigración?
Creo que debemos consolidar primero nuestra labor sobre crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad. Pero dentro de esas figuras penales hay campo de actuación para todo tipo de realidades, tanto en situación de guerra como de paz sin perjuicio de que sean atendidos por otros mecanismos nacionales o internacionales. El tratado de Roma deja acotada nuestras competencias y no es bueno avanzar sin los consensos necesarios.
¿Dónde tiene puesta la mirada ahora la CPI? Como presidenta del tribunal no puedo hablar de los casos abiertos, pero ya le digo que tenemos por delante investigaciones en muchos países. Somos el último recurso y ya le avanzo que trabajo no nos falta ni nos va a faltar. Y mi objetivo es, ante todo, lograr su consolidación.
“Ahora mismo tenemos abiertas investigaciones previas en los cinco continentes” “La CPI debe lograr sumar a estados como EE.UU. o Rusia para ampliar su capacidad internacional”