La Audiencia abre proceso a El Asad por terrorismo
Eloy Velasco investigará al régimen sirio por asesinato
La Audiencia Nacional se resiste a dar por terminadas para siempre sus menguadas competencias en materia de justicia internacional. Acogiéndose a las pocas vías que le quedan para actuar en este terreno, el juez de dicha instancia judicial Eloy Velasco decidió ayer admitir a trámite una querella que interpuso una ciudadana española contra el Gobierno del presidente sirio Bashar el Asad por un supuesto delito de terrorismo, del que habría sido víctima un hermano de la denunciante, de nacionalidad siria.
Velasco ha considerado que la mujer que presentó la querella puede ser considerada como víctima del terrorismo. Esta condición, unida a su nacionalidad española, permite a juicio del magistrado que la Audiencia Nacional pueda investigar el caso que ha denunciado. El juez no ha seguido en este punto el criterio que le había manifestado la Fiscalía. A juicio de los fiscales, el asunto no debía suponer la apertura de un procedimiento judicial en la Audiencia, porque la víctima directa de los supuestos delitos denunciados no era un ciudadano español, sino una persona de nacionalidad extranjera, en concreto de nacionalidad siria.
El magistrado dictó ayer un auto en el que al exponer los motivos de su decisión razona que cabe entender que en este caso quien impulsa el proceso es víctima del delito, aunque indirecta, y tiene nacionalidad española, como puede comprobarse documentalmente. Por tanto, admite a trámite la querella y declara investigados –nueva denominación de los imputados– a nueve altos cargos y mandos del régimen sirio.
Entre el 9 y el 10 de mayo deberán prestar declaración en la Audiencia Nacional la mujer que ha presentado la querella, Amal HagHamdo Anfalis, y varios testigos y peritos, entre ellos el periodista Javier Espinosa, quien fue secuestrado en Siria en septiembre del 2103 y permaneció más de seis meses en manos del Estado Islámico. También se cita para que preste testimonio a un antiguo policía militar forense sirio conocido como César, que sería poseedor de un gran volumen de fotografías de personas que fueron ejecutadas en diversos centros de detención ilegal.
La querella inicial fue interpuesta por medio de un grupo de abogados que relataban en su escrito cómo el Gobierno sirio del presidente Bashar el Asad cometió con la actuación de sus fuerzas de seguridad e inteligencia un delito de terrorismo contra la población civil, a raíz de las revueltas de la primavera árabe en el 2011. El texto exponía cómo el Estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con las protestas y con cualquier tipo de disidencia mediante la práctica de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas.
Las fuerzas de seguridad de Siria –sostenían los querellantes– fotografiaban los miles de cadáveres de dichos centros de detención ilegal con el fin de mantener un registro de su actividad de represión. El citado policía militar habría desertado llevándose más de 50.000 fotografías tomadas en dichas instalaciones, y estaría en posesión de unas 6.000 en las que en concreto se recogen imágenes de cuerpos torturados y mutilados de otras tantas víctimas. Algunas de ellas pertenecerían al cuerpo torturado y sin vida del hermano de la mujer que ahora ha impulsado la querella.
A partir de estos datos, Velasco ha pedido en paralelo a Eurojust que le informe sobre la existencia de denuncias en otros países de la Unión Europea. El magistrado quiere saber si hay abiertos en Europa otros procesos sobre crímenes de guerra en Siria que le ayuden en su investigación. En Alemania, siete supervivientes de suplicios practicados en prisiones gubernamentales en Siria han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Federal.
El magistrado admite el caso porque la hermana del asesinado es una ciudadana española Velasco cita a un policía sirio que dispone de material gráfico sobre los crímenes cometidos