Barcelona prepara medidas para que los turistas paguen las multas
El Ayuntamiento quiere que la nueva ordenanza de civismo sea más dura con los visitantes
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau piensa que la ordenanza de civismo está desfasada, que la Barcelona que la pergeñó doce años atrás no tiene nada que ver con la de la actualidad, que los problemas de convivencia que entonces se producían en el espacio público son muy diferentes de los de hoy. La norma ya no es efectiva. El cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens, subraya que la mayor parte de las multas que se tramitan en virtud de esta norma no se cobran. Y destaca dos colectivos, el de los turistas incívicos y el de las personas en situación de vulnerabilidad. “Unos no pagan porque no quieren y otros porque no pueUno –sigue el teniente de alcalde–. A unos las multas les importan poco y a otros los estigmatizan más”.
El gobierno pretende que la reforma de la ordenanza de civismo sirva para apretar las clavijas a los visitantes que no saben pasárselo bien sin molestar, y también para plantear otras medidas para aquellos que duermen en la calle, que piden limosna, que ejercen la prostitución... Y ya está dando los primeros para ello. La mayor parte de los concejales de la oposición son muy críticos con las políticas del gobierno municipal en materia de civismo, pero no cierran la puerta a una posible negociación. En todo caso la gestión municipal del top manta durante las próximas semanas determinará estas conversaciones.
Asens detalla que leyes españolas y europeas no facilitan el cobro de sanciones a no ser que su importe sea superior a los 1.500 euros y tengan un carácter penal. “Tenemos que hacer un frente de ciudades afectadas para presionar al Estado y a la Unión Europea, pero que también nos ayude a coordinarnos”. El gobierno entiende que, también en el cobro de multas, las ciudades tienen mucho que decir. “Un camino que estamos estudiando es la elaboración de convenios bilaterales, que las autoridades de otras poblaciones nos ayuden a cobrar las multas de vecinos suyos que cometieron infracciones aquí, y viceversa”. El Ayuntamiento también se plantea la creación de un cuerpo de agentes cívicos dirigidos a los turistas, llevar a cabo campañas de concienciación en hoteles, albergues, hostales... y también en los países de los turistas. de los problemas que supone el impago es que provoca sensación de impunidad, de que aquí todo vale y no pasa nada. “Queremos poner fin a esa creencia”.
Además, continúa Asens, el Ayuntamiento estudia la viabilidad de otras medidas mucho más complicadas. Como que agentes de la Guardia Urbana informen de un modo especialmente diligente a los turistas infractores de las múltiples ventajas del pronto pago. O que los hoteles gestionen una finanza cívica. “Dado que los hoteles ya cobran la tasa turística y que la mayoría de pagos se hacen con tarjeta de crédito es una medida posible, pero no sabemos si los hoteles estarían disden
puestos a realizar esta gestión. Además, requeriría de un cambio normativo de carácter autonómico. No podría hacerse sólo en Barcelona”.
El futuro tratamiento de los colectivos vulnerables está más verde. Las pretensiones municipales son más complicadas, van más allá de la gestión de cobros. Al gobierno le gustaría sacar a los más necesitados de la ordenanza de civismo, regular su comportamiento de otro modo. Asens explica que las multas a personas en condiciones muy precarias están siendo sustituidas por actuaciones de los servicios sociales, pero reconoce que estos trabajos aún han de reforzarse. Añade que la ley estatal de seguridad ciudadana, la ley mordaza, es una norma de rango superior más permisiva en cuanto a la prostitución se refiere que la propia ordenanza de civismo. “Así que sólo multamos a los clientes”. Son las sanciones que con más facilidad se cobran en Barcelona.
Joaquim Forn, del grupo Demòcrata, se muestra abierto a una revisión de la ordenanza, “sobre todo si va encaminada a mejorar el cobro de las sanciones a los turistas incívicos. De todas formas nos preocupa la falta de voluntad política del gobierno a la hora de aplicar la ordenanza, una actitud que está disparando muchos problemas, como el top manta”. El republicano Alfred Bosch también se muestra partidario de la reforma. “Esta ordenanza no soluciona los problemas. Hemos de separar el incivismo de los problemas sociales”. Según Carina Mejías, de Cs, “Barcelona no tiene una ordenanza que determine las normas de comportamiento ni de vecinos ni de visitantes y, por eso, se están generalizando los comportamientos incívicos”. Incluso el PSC, padre de la ordenanza, reconoce que la norma debe ser actualizada. El pacto de gobierno con BComú no corre peligro, por ahora. “La ordenanza tiene que disciplinar a los turistas incívicos –dice el teniente de alcalde Jaume Collboni–, y también hay que revisar los aspectos en los que no se protege a las personas vulnerables”. El PP tampoco se cierra a una modificación, pero, según señala Ángeles Esteller, también ha de servir para atender a las personas perjudicadas por el incivismo.