Los gestores de la propiedad intelectual critican a Rajoy
Exigen al Gobierno que ejecute los fallos sobre copia privada
Los autores y productores de los distintos sectores de la creación en España han dicho basta en la controversia del mal llamado canon digital. A través de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, los artistas, escritores, editores y empresarios de la industria audiovisual han denunciado al Estado ante la Comisión Europea por incumplir las sentencias judiciales del Tribunal de Luxemburgo y del Supremo al mantener un modelo de “copia privada” que ambas instancias judiciales han declarado ilegal y anulado hace unos meses.
La denuncia ante el Ejecutivo comunitario lleva la firma de las entidades SGAE, AIE, Aisge, Cedro, Dama, Egeda y Vegap, las principales asociaciones de gestión de derechos de creadores, editores y productores. Los responsables de las organizaciones acusan al Gobierno de Mariano Rajoy de “inacción legislativa” al ser incapaces de ejecutar las sentencias que echaron abajo el vigente sistema de compensación por copia privada mediante dispositivos de grabación y reproducción: un sistema basado en una dotación presupuestaria anual que los demandantes consideran mínima y lesiva para los intereses de sus representados.
Con el vacío legal que se denuncia, España está “en situación de ilegalidad en la Unión Europea al mantener vigente la excepción de copia privada sin que exista un sistema de compensación equitativa acorde a la Directiva” de la UE, señaló ayer la agrupación de estas gestoras en un comunicado.
La incorrecta trasposición a la
Los denunciantes achacan la pasividad del Ejecutivo a la “falta de coordinación interministerial”
legislación española de la obligación de compensar el daño causado con las copias a los titulares de estos derechos –incorrección obviamente reconocida en las sentencias vinculantes de los más altos tribunales de la UE y el propio país– ha provocado “una situación irregular y única en Europa” que les ha acarreado “cinco años de graves perjuicios patrimoniales”, añaden. Y aseguran que así lo interpretaba la propia Comisión Europea en una carta enviada en diciembre a las entidades. En ella, Bruselas les notificaba que supervisaría que los cambios que el Gobierno debía introducir en su legislación para subsanar el agravio fueran compatibles con la ley europea. Sin embargo, casi un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase ilegal el sistema con cargo a los presupuestos generales del Estado, y cuatro meses después de que el Supremo de España lo anulase en su totalidad, “la falta de coordinación interministerial ha impedido que España reforme el modelo en la forma y plazo exigidos por la Comisión Europea”, aseguran los responsables de la denuncia.
Para las entidades de gestión de derechos, la pasividad gubernamental “perjudica en primer lugar a los propios ciudadanos españoles”. Porque, según razonan, “la falta de diligencia del Estado” puede provocar que el erario público deba hacer frente a una cuantiosa sanción de las autoridades europeas. No obstante, los denunciantes recuerdan que los equipos anterior y actual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han contado y cuentan con su “apoyo y disposición para colaborar”.