La ley de la independencia
Hace cerca de dos años que un pequeño grupo de dirigentes del independentismo trabaja en la “ley de transitoriedad jurídica”, conocida como ley de ruptura. Ese texto se va a convertir, junto con el referéndum, en protagonista de este tramo final del proceso soberanista, ya que supone en la práctica una declaración de independencia tal como está concebida.
De hecho, al final de la pasada legislatura los diputados de Convergència y Esquerra aseguraban que la norma ya estaba casi lista, que podía aprobarse en cualquier momento, pero finalmente se dejó para mejor ocasión. Por el camino, llegaron las elecciones del 27 de septiembre del 2015, convocadas por Artur Mas como un plebiscito que debía sustituir al referéndum. Si el resultado daba la mayoría a los independentistas, se iniciaría el proceso que culminaría en la secesión en un plazo de 18 meses. Textualmente, se aprobaría en el Parlament “una declaración solemne en la que se proclamará que se inicia el proceso de independencia”. ¿Por qué esperar 18 meses para su aplicación? Porque se suponía que era necesario preparar a Catalunya para afrontar la desconexión.
Pero el resultado del 27-S no fue el esperado por el independentismo, que logró la mayoría absoluta en escaños, pero se quedó en el 47,8% de los votos. Y eso obligó a variar los planes. Mas podía haber frenado aquí y haber emplazado a los catalanes a intentarlo en las siguientes elecciones, pero dio por hecho que se había logrado el objetivo y que empezaban los preparativos.
La realidad, sin embargo, llevó a dar un paso atrás y recuperar el referéndum antes de dar el salto a la secesión. Así, en estos 18 meses (de hecho han transcurrido 20) se han ido compaginando los preparativos del referéndum y los de la ley de transitoriedad jurídica, que viene a ser la declaración de independencia prometida en las elecciones.
Así como los preparativos del referéndum se han activado recientemente, el contenido de la ley de transitoriedad ha ido elaborándose y reelaborándose durante todo este tiempo en el máximo secreto. El texto que ayer publicó El País es uno de los borradores más extensos, aunque data de hace casi un año, según fuentes del equipo que trabaja en la ley. El borrador publicado prevé desde el catalán como única lengua oficial al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo por parte del presidente de la Generalitat...
De hecho, la mayoría de documentos sobre la ley están troceados para evitar fugas de información que desvelen el contenido completo. Esta norma, simplificando, es algo así como una pequeña Constitución provisional. Es decir, pretende ser la norma máxima del ordenamiento jurídico del nuevo Estado catalán hasta que se apruebe una nueva Carta Magna. El Govern desveló en su día el índice y el artículo 1, en el que Catalunya se define como “una República de derecho, democrática y social”.
Pero en esta fase final del proceso, la ley de transitoriedad jurídica está sujeta a decisiones políticas que aún no se han tomado. Por ejemplo, hay algunos dirigentes que consideran que debe aprobarse la ley incluyendo en ella la convocatoria del referéndum (es la vía de la desobediencia más drástica), otros estiman que debe aprobarse la ley pero puntualizando que no entrará en vigor hasta que se conozca el resultado de la consulta y, por último, hay quienes sostienen que primero se tiene que convocar y celebrar el referéndum y después, la ley. Quienes defienden esa última opción argumentan que la mayoría de la población catalana apoya la consulta, pero muchos no están de acuerdo con aprobar antes una ley que, en la práctica, supone una proclamación de independencia. Lo que no está claro es qué hay que hacer si finalmente no es posible celebrar el referéndum, aunque el documento desvelado ayer apuesta por la DUI.
Todo depende de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos meses, ya que en septiembre tendrá lugar el desenlace. Los dirigentes independentistas están empeñados en sumar a los comunes a la causa de la consulta y, si ello no es posible, al menos convencer a sus votantes, y eso puede condicionar la estrategia sobre la ley de desconexión. Una norma cuyo ideólogo es Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Constitucional, padre de la máxima según la cual el salto a la independencia se hará con garantías porque se pasa “de la ley (española) a la ley (catalana)”.
Según esa teoría, la ley de transitoriedad será la norma más importante que haya aprobado el Parlament, aunque su proceso de debate será exprés y su contenido se mantiene en secreto con el argumento de evitar que el Gobierno de Rajoy promueva su impugnación (una precaución que no deja de ser contradictoria con su carácter rupturista), pero también para permitir su modificación según convenga a la estrategia y acontecimientos de los próximos meses.
Los independentistas debaten cómo culminar la ley de transitoriedad, que debería proclamar la ruptura de facto