La Guardia Civil interroga a trabajadores de la Generalitat sobre aspectos del referéndum
Los empleados públicos dieron explicaciones sobre la campaña publicitaria del Govern para promover el registro de residentes en el extranjero
La Guardia Civil ha interrogado a varios funcionarios de la Generalitat dentro de una causa abierta sobre los preparativos del referéndum. Los interrogatorios se han hecho sin orden del juez, ya que la Guardia Civil actúa en este caso como policía judicial.
El president Carles Puigdemont aseguró ayer que habrá urnas el 1-O a pesar de los “espantafuncionarios”.
Si la Generalitat no explica lo que hará, se lo preguntarán a los funcionarios. Esta es la estrategia por la que optó la Guardia Civil, que citó a declarar ayer a dos funcionarios de la Generalitat y una trabajadora externa para preguntarles sobre la campaña de publicidad del registro de catalanes en el exterior que, creen los investigadores, puede estar relacionada con la celebración del referéndum el próximo octubre.
Una operación policial que se enmarca en las acciones preventivas impulsadas por los juzgados, similar a la querella presentada contra la consellera de Governació por la compra de unas urnas que al final no se ha producido. Ayer a la comandancia de la Travessera de Gràcia de la Guardia Civil en Barcelona acudieron el responsable de las redes de la Generalitat –que ostenta un cargo eventual–, un funcionario y una trabajadora externa que se encargan de la gestión de la página web del Pacte Nacional pel Referéndum. Los interrogatorios empezaron esta semana y se prevé que se alarguen durante los próximos días. El miércoles ya declararon un funcionario del Departament de Presidència y una trabajadora externa por la campaña de publicidad institucional impulsada por el Govern con la que se pretende crear un censo de residentes en el extranjero.
El secretismo que mantiene la Generalitat en torno a los preparativos de la votación ha empujado a la Fiscalía ya la Guardia Civil a recurrir a los funcionarios y a los trabajadores de empresas externas para saber de primera mano las intenciones de la Generalitat.
La investigación de la Guardia Civil se centra en la campaña de publicidad sobre el registro de catalanes en el exterior y la web del Pacte Nacional pel Referèndum, una plataforma que integra partidos, sindicatos y entidades que centra su actividad en recoger firmas a favor de una consulta pactada con el Estado.
La creación de la web corrió a cargo del Departament de Presidència que adquirió el dominio e hizo una aportación económica. Después el mantenimiento del portal digital quedó en manos de una empresa externa.
Los interrogatorios fueron practicados a iniciativa de los propios investigadores de la Guardia Civil que en cuanto policía judicial tienen la facultad de tomar declaración sin necesidad de contar con el beneplácito del juez ni del fiscal.
Hasta ahora la actuación de la justicia se había circunscrito de forma exclusiva a los responsables políticos que pilotan el proceso soberanista, pero con las citaciones de ayer la Guardia Civil baja un escalafón y lanza una advertencia en un doble frente. Por una parte a la Generalitat para que no ponga en riesgo a los funcionarios de participar en los preparativos del referéndum, y en segundo lugar, también advierte preventivamente a trabajadores públicos y de empresas proveedoras del Govern de que pueden ser perseguidos penalmente si participan en la puesta en marcha del 1-O.
Los interrogatorios de la Guardia Civil están enmarcados en la causa abierta por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona que investiga al exmagistrado y exsenador de ERC Santi Vidal por asegurar en sus conferencias que la Generalitat recopilaba los datos fiscales de los catalanes y elaboraba una lista de juzgados afines a la independencia.
La Fiscalía inició una investigación de oficio que quedó supeditada al mandato judicial después de que un particular presentara una querella contra el exmagistrado en un juzgado de Barcelona. La causa se mantiene secreta pero posteriormente se amplió cuando la Fiscalía decidió abrir unas diligencias de investigación el pasado marzo por la publicidad de la Generalitat que pe- día a los catalanes que viven en el extranjero inscribirse en un registro que, presumen, puede servir de base para hacer un censo de electores residentes fuera de Catalunya.
Esta nueva causa se inició de oficio después de ver en los medios de comunicación la campaña en la que el Govern animaba a registrarse a todos aquellos residentes en el extranjero que quisieran “decidir de forma directa lo que pasa en nuestro país”, decía el anuncio. Las diligencias se iniciaron por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En este sentido, un elemento importante es el documento de trabajo preparatorio de la campaña institucional para el censo exterior del Departament d’Afers Exteriors. En uno de los puntos de documento se plantea “apelar al futuro de Catalunya”.
Las investigaciones forman parte de una ampliación de la causa judicial contra el exjuez y exsenador Santi Vidal
El Govern destacó en una maniobra de distracción, según la Fiscalía, que la inscripción en el censo permitiría a los residentes en el exterior disponer de una tarjeta sanitaria, el carnet de las bibliotecas y el Carnet Jove, además de decidir sobre “el futuro del país”.
Las informaciones recogidas fueron enviadas al mismo juzgado que investigaba Vidal que derivó una investigación conjunta sobre los preparativos del referéndum. Fuentes del ministerio público aseguran que el contenido de las dos investigaciones está relacionado y la ley permite ampliar las causas siempre que se cumpla este requisito.
El conseller de Justícia, Carles Mundó, quiso tranquilizar ayer a los funcionarios asegurando que “no se les ordenará nada que no puedan hacer” y calificó “inaceptable que la Fiscalía persiga funcionarios”. La investigación sobre los preparativos del referéndum transcurre en paralelo a la investigación del Tribunal Superior de Justícia contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs y el número dos de su departamento por el proceso de licitación para la compra de las urnas que finalmente ha quedado desierto después de que las empresas que concurrían en el concurso no cumplieran con las condiciones exigibles.