Fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento. Acoso continuado que se ejerce sobre el adversario para impedir su reacción y lograr su derrota.
Borràs lamenta la presión y denuncia una “persecución propia de la época franquista”
“Ni los espantafuncionarios ni los cazaúrnas podrán espantar y cazar a millones de ciudadanos que queremos votar”, escribió a media mañana de ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su cuenta de Twitter, poco después de conocerse que la Guardia Civil estaba interrogando a cargos y funcionarios por supuestos preparativos del 1-O. El jefe del Govern reaccionaba de este modo a la presión que desde las instituciones del Estado entiende que se está ejerciendo sobre los empleados públicos a cuenta del referéndum y que momentos antes ya había denunciado en la sesión de control en el Parlament.
“Tenemos a la Fiscalía allí donde tenemos todo el derecho a actuar, y está a las órdenes de grupos políticos, entre los cuales seguramente debe estar el suyo –en referencia a la representante de Cs, Inés Arrimadas–, que se han convertido en espantafuncionarios y espantatrabajadores públicos para que no se les ocurra ni tan sólo participar en procesos absolutamente legales que algún día alguien pudiera utilizar para hacer lo que ustedes llaman un referéndum ilegal”, lamentó Puigdemont veinticuatro horas después de que transcendiera el fiasco del proceso para la compra de urnas, que el Govern se vio obligado a declarar desierto por no reunir las condiciones ninguna de las empresas presentadas a la homologación. Una circunstancia sobre la que expresó también una clara queja, ni que fuera de pasada, al proclamar que “hay un Estado que tiene un gran interés en pedir testimonio a empresas que pueden ser fabricantes de urnas o que pueden ser elaboradoras de un sistema informático”.
El interés principal del presidente de la Generalitat, en este contexto de cosas, era, de todos modos, transmitir el mensaje de que, por muchos obstáculos que se pongan desde el Estado, “el 1-O habrá urnas” y “el referéndum se celebrará”. Y lo repitió tantas veces como lo consideró necesario. En respuesta a la “preocupación” de la CUP por las “debilidades y carencias que estamos observando en el proceso de organización del referéndum” y que el diputado Carles Riera atribuyó a “una cierta falta de iniciativa, de firmeza y de determinación del Govern en esta cuestión”. Pero también en réplica a Cs y PP, después de que los dos desacreditaran la cita del 1-O y dieran por hecho que el Govern no podrá celebrarla y de que Inés Arrimadas le reiterara, por enésima vez, la petición de que convoque elecciones y Xavier García Albiol le acusara de “fanatizarse”. A uno y otro les retó a participar en la consulta y a “aceptar el resultado”, porque “ni apriorismos ni órdenes de partidos políticos ni amenazas de aparatos judiciales ni ambigüedades en la comunidad internacional son suficientes para que, si el pueblo de Catalunya quiere, el referéndum no sólo sea válido, sino que tenga efectos vinculantes”, sostuvo Puigdemont.
En el debate sobre la presión a los funcionarios por los preparativos del 1-O intervino también el único miembro del Govern querellado por el mismo motivo, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que en declaraciones a RAC1 y Catalunya Ràdio denunció la existencia de una “persecución propia de la época franquista”. “Esto es propio de otra época”, remarcó en relación a los interrogatorios de la Guardia Civil y apostilló: “A mí me recuerda cuando yo era una niña y había una situación de franquismo, de dictadura y de persecución ilógica, porque estamos hablando de democracia”. Unos interrogatorios que “no me sorprenden después de la actuación que se está llevando a cabo sobre las empresas, los trabajadores públicos y los políticos”, subrayó la titular de Governació.
Borràs tampoco aclaró, por otro lado, cómo lo haría el Govern para conseguir las urnas para el 1-O, pero, al igual que el día anterior había hecho la consellera de Presidència, Neus Munté, dejó la puerta abierta a la adjudicación directa de la compra sin concurso previo. Una incógnita que el propio presidente de la Generalitat garantizó que quedaría resuelta en breve y a la que habrá que añadir, además, el hecho de que la CUP haya trasladado al Govern que no aceptará que las urnas sean de cartón –como en el 9-N– en lugar de metacrilato, que es una de las alternativas que está sobre la mesa.
El presidente de la Generalitat reta a Cs y PP a participar en el referéndum y a “aceptar el resultado”