Forcadell entra en prisión a la espera de pagar la fianza de 150.000 euros
OeEl juez acepta la acusación de rebelión para la presidenta oeEl resto de la Mesa sale libre bajo depósito de 25.000 euros oeDeclaran al juez que acatan el 155 y respetarán la Constitución
Libres bajo fianza.
Los miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet salieron anoche en libertad bajo fianza. Joan Josep Nuet quedó libre sin medidas cautelares.
LA CAUCIÓN La ANC dice disponer del dinero para las fianzas en su “caja de solidaridad”
LA ACUSACIÓN El auto atribuye a Forcadell “una actuación principal” en el proceso
Prisión eludible con fianza de 150.000 euros. Esta fue la decisión del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena respecto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de los mismos delitos que los ocho exmiembros del Govern que están en prisión desde el pasado día 2. El resto de los comparecientes salió con fianzas muy inferiores –25.000 euros en los casos de Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet– o directamente en libertad provisional, caso de Joan Josep Nuet.
Forcadell salió anoche a las 23.38 h hacia la prisión de Alcalá Meco, de donde con toda probabilidad saldrá hoy mismo, tras pagar la citada fianza. Las exconselleres Bassa y Borràs están internadas en el mismo centro penitenciario desde el pasado día 2. La ANC se apresuró a manifestar que dispone de esa cantidad en su “caja de solidaridad”, y que hará frente a esta caución y a todas las demás impuestas por el juez del Supremo.
En el auto que dictó anoche, el magistrado instructor atribuye a Forcadell “una actuación principal” en el proceso independentista. Llarena sostiene que la presidenta del Parlament tuvo “una actuación principal” en el proceso independentista, dada su “intervención medular” en las medidas puestas en marcha y también “por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido”.
Añade Llarena que Forcadell ha dirigido la Cámara catalana en virtud de un mandato desde el que “perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumenta- lización se analiza” en este proceso judicial. Por tanto, su actuación fue “esencial” en una presidencia de la Cámara catalana en la que “se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba”.
La clave principal de la distinta situación en que quedan los integrantes de la Mesa, incluida Forcadell, y los exmiembros del Govern está en el contenido de las declaraciones que ayer prestaron ante el magistrado del Supremo. En esencia, los comparecientes consideraron que la declaración unilateral de independencia (DUI) tuvo un valor básicamente “simbólico” y “declarativo”. Estas expresiones habrían sido utilizadas por la propia presidenta del Parlament, mientras Corominas, Guinó y Simó, que declararon después, las habrían asumido, en estos o muy similares términos.
Ramona Barrufet habría ido de entrada más lejos, estimando que el referéndum del 1-O careció de efectos porque no puedo contar con garantías. Fuentes presentes en las declaraciones, celebradas a puerta cerrada, añadieron que también se refirió a la ineficacia de la vía unilateral, y a la conveniencia de que cualquier proceso hacia la independencia se realice en todo caso por vías pactadas.
Todos los declarantes, por otra parte, asumieron la aplicación del artículo 155 de la Constitución, evidentemente no por compartirlo, sino como expresión de su disposición a entender que está legal y plenamente en vigor, y a actuar en consecuencia. Las manifestaciones más rotundas de los declarantes en la doble línea señalada –falta de efectos jurídicos de la DUI y aceptación de la aplicación del 155 de la Constitución– se produjeron en su última intervención.
El magistrado Pablo Llarena les concedió esa nueva posibilidad al final de la vistilla que se celebró para decidir sobre las medidas cautelares que, en su caso, deberían adoptarse sobre cada uno de ellos. El juez, en suma, quiso comprobar hasta qué punto las manifestaciones de los comparecientes eliminaban la posibilidad de que incurrieran de nuevo en conductas similares a las que les imputa la Fiscalía para acusarles del delito de rebelión o, subsidiariamente, de sedición. Este dato era muy relevante, porque una de las razones básicas para acordar la prisión incondicional es la probabilidad de la reiteración delictiva.
LA CLAVE El magistrado Llarena dio dos oportunidades para renunciar a la DUI y asumir el 155 LAS CONSECUENCIAS Los exconsellers saben ahora cuál es la llave de paso que les daría la libertad en el Supremo
En teoría, para la Fiscalía era esencial que los declarantes se separaran de la DUI y aceptaran la aplicación del 155. No obstante, en la citada vistilla los fiscales pidieron prisión incondicional para la presidenta del Parlament y para los diputados Corominas, Guinó y Simó. La Fiscalía, en suma, consideró que su toma de distancia con la DUI y su aceptación del 155 no eran suficientemente claras ni determinantes para no pedir prisión. De ahí que el magistrado ofreciera otra oportunidad de manifestarse a quienes el fiscal quería enviar a prisión.
Para Barrufet, en cambio, los fiscales pidieron ya de entrada prisión eludible con fianza. Y para Nuet también desde el primer pronunciamiento la Fiscalía consideró la libertad provisional. Es posible que influyera en ello el hecho de que Nuet aportó ayer al Supremo nueva documentación, consistente en actas del Parlament, con la finalidad de demostrar que en ningún momento apoyó la aprobación de la DUI.
El propio fiscal general del Es- tado, José Manuel Maza, manifestó el día en que fueron encarcelados los exconsellers que si hubieran aceptado volver a la legalidad constitucional y acatar el 155 de la Constitución, las cosas hubieran podido cambiar en la Audiencia Nacional, insinuando que podrían estar en libertad, aunque probablemente con fianzas más o menos elevadas. A la vista de lo ocurrido ayer en el Supremo no cabe descartar que los exmiembros del Govern puedan pedir efectuar una declaración en la Audiencia Nacional, o que sea la propia juez quien les cite. También sería posible esperar a que el Supremo asuma toda la causa, cosa que sucederá en breve. Ayer se dio un primer paso relevante en esta dirección, al ordenar el Supremo –véase La Vanguardia de ayer– que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le remita todas las actuaciones que ha realizado respecto a la primera querella contra el Govern, que fue por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. En el Supremo se estima que en cuestión de días o pocas semanas Llarena reclamará a la Audiencia Nacional la remisión de la causa que la juez Carmen Lamela sigue contra los exmiembros del Govern.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que el papel del magistrado Llarena fue fundamental para la conclusión de las comparecencias, no sólo por la obvia circunstancia de que él tomó las decisiones, sino porque planteó los interrogatorios de forma muy clara hacia el fin buscado. No hubo respuestas inducidas, pero sus preguntas fueron una guía, sobre todo cuando dio una segunda oportunidad a los declarantes. Desde el Supremo, el mensaje está lanzado. Ahora falta ver si los exmiembros del Govern lo reciben y lo traducen en su propio beneficio.