La juez Lamela decide mantener en prisión a los exmiembros del Govern
Junqueras y los exconsellers recurrirán ante la Sala Penal de la Audiencia
Los recursos de reforma casi nunca prosperan. Pero hay que intentarlo. Es lo que han hecho, efectivamente sin resultado, el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los siete exconsellers en prisión incondicional por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ayer ratificó su anterior resolución y les mantuvo a todos en la cárcel.
Dichos recursos son los que se presentan ante la misma instancia que ha dictado la resolución impugnada. Por eso es difícil que prosperen, porque un mismo juez muy difícilmente va a cambiar de criterio en cuestión de pocos días. Lamela no lo ha hecho y a los recurrentes les queda ahora la vía de acudir en apelación a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que es la instancia superior.
Las perspectivas, de nuevo, no son muy halagüeñas, porque dicha Sala Penal es la que ha decidido esta semana que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium, respectivamente, deben permanecer en prisión incondicional. Entre otras razones, porque la Audiencia ha estimado riesgo de fuga al haberse producido la marcha del cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bruselas, donde le acompañan también cuatro exconsellers. Para cuatro de los cinco magistrados que han intervenido en la decisión, ese dato ha sido clave, porque estiman que el número de desplazados a Bruselas, a despecho de la justicia española, podría aumentar con la puesta en libertad de los Jordis.
En todo caso, las posibilidades de que Junqueras y los siete exconsellers recuperen relativamente pronto las libertad no se han esfumado. Primero, porque en la Audiencia les queda el citado cartucho de la Sala Penal, uno de cuyos magistrados –del citado total de cinco– hizo un voto particular en contra de la resolución, considerando que la prisión incondicional fue una medida innecesaria y desproporcionada. Es un solo voto, pero resulta significativo por la tesis en que se apoya, que podría abrirse camino en ulteriores revisiones de la decisión tomada, en especial si una nueva instancia judicial entra en juego. Y tal cosa sucederá si el Tri- bunal Supremo (TS) decide reclamar la causa iniciada en la Audiencia Nacional.
En medios judiciales, este cambio de instancia se da por seguro en un plazo relativamente breve, de días o a lo sumo de semanas. La Sala Penal del Supremo, en suma, va a hacerse con toda la instrucción relativa a los supuestos delitos de rebelión, sedición, prevaricación, desobediencia y malversación imputados a los exmiembros del Govern en relación con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). La de la juez Lamela, en suma, no será la última palabra en este asunto, y tampoco la que pueda pronunciar la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Esta última, además, podría no llegar a producirse, en el caso de que el Supremo actúe con rapidez para reclamar el caso y no dé tiempo a que
Si el Supremo asume pronto la causa, los investigados tendrán otra oportunidad para solicitar su libertad
los exmiembros del Govern recurran y a que la Audiencia Nacional se pronuncie.
La juez Lamela, a su vez, basó su decisión de enviar a prisión a Junqueras y a los exconsellers Bassa, Mundó, Romeva, Turull, Rull, Forn y Borràs en la posibilidad de que trataran de sustraerse a la acción de la justicia. En este sentido, citó ya en ese primer momento la marcha de Puigdemont a Bruselas como caso precedente. También consideró que existía riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.
Los recurrentes, a su vez, alegaron que su envío a prisión perjudicaba sus posibilidades de presentarse a las elecciones del 21-D y de defender sus candidaturas. Entendían, en suma, lesionado, entre otros, sus derechos de participación política, y el de los ciudadanos que les han elegido.
Entre tanto, los exconsellers Rull y Turull –defendidos inicialmente por el letrado Jaume Alonso-Cuevillas– serán representados a partir de ahora por el letrado Jordi Pina, del despacho Molins&Silva, que tradicionalmente ha asistido a políticos de CiU. Alonso-Cuevillas seguirá defendiendo a Puigdemont.