La extradición de Puigdemont se dirimirá en plena campaña
El juez belga aplaza al 4 de diciembre la vista y el fiscal descarta la vía exprés
El expresident relega al PDECat y llena su lista de independientes
La decisión sobre la extradición de Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en su huida a Bélgica llegará más tarde de lo previsto. Todos ellos comparecieron ayer ante el juez belga de instrucción, pero este aplazó la vista hasta el próximo 4 de diciembre para que las partes tengan tiempo para preparar sus alegaciones. A partir de entonces, tardará alrededor de diez días en dictar la sentencia, por lo que el fallo se conocerá en plena campaña electoral, la semana previa a la cita con las urnas.
Al mismo tiempo que ayer se iban conociendo los nombres de las personas que integrarán la lista electoral de Junts per Catalunya –que encabezará Puigdemont–, los cinco miembros del Govern cesado entraron puntuales al Palacio de Justicia, para acudir a su cita con el juez. Llegaron en coche y entraron directamente por el parking, para esquivar a la prensa, a la que consiguieron evitar durante todo el día.
La expectación era máxima y es que con su presencia en Bruselas, el expresident ha conseguido internacionalizar su causa. Por eso, la seguridad del edificio era superior a lo habitual y la policía valló la entrada a la sala, impidiendo el paso a los curiosos.
No hubo que esperar mucho para obtener detalles de lo ocurrido, pues la audiencia apenas duró una hora, de 14 h a 15 h de la tarde. Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig no tomaron ayer la palabra. Tampoco lo hicieron sus abogados. La Fiscalía de Bruselas fue la única en plantear sus argumentos y durante la exposición avaló la extradición, aunque rechazó que se pueda ejecutar en base al delito de prevaricación, según explicaron los letrados. El juez, por tanto, aún tiene que escuchar a la defensa, que intentará evitar la entrega alegando que la Audiencia Nacional pretende juzgarles por sus ideas políticas.
En cualquier caso, la sentencia que adopte el juzgado belga de instrucción se podrá recurrir por ambas partes, primero ante el Tribunal de Apelación y después ante el Tribunal de Casación. Así que la decisión definitiva sobre la extradición podría alargarse hasta principios del año que viene. Es decir, que el proceso podría continuar con la próxima legislatura ya en marcha, durante las negociaciones para la formación del futuro Govern de la Generalitat y con la amenaza lanzada el jueves por el presidente Mariano Rajoy de continuar aplicando el artículo 155 de la Constitución si los partidos independentistas retomaran su actual pulso contra el Gobierno central.
La Fiscalía belga rechazó ayer los argumentos de la Audiencia Nacional para lograr una extradición exprés. En su auto, la juez Carmen Lamela culpó a Puigdemont y los cuatro exconsellers de corrupción. De aceptarse, la entrega a España sería prácticamente automática, sin tener que entrar a valorar el resto de delitos, ya que forma parte de los 32 infracciones previstas en la euroorden y que, por tanto, aceptan todos los estados miembros de la UE.
Descartados los delitos de prevaricación y corrupción, la Fiscalía sí avala la extradición por las condenas de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, pues a su modo de entender, sí tienen equivalencia en el
El fiscal descarta la prevaricación y la corrupción, que supone la entrega automática... ...pero sí contempla la rebelión, sedición, malversación y desobediencia
Código Penal belga, con arreglo a los hechos que Lamela expone en la euroorden.
Aunque la justicia belga ya ha avisado que estudiará el caso con lupa, hasta el punto que ha preguntado ya a la Audiencia Nacional sobre la calidad del sistema penal español. En su respuesta, que Bélgica ya tiene en sus poder, Lamela intenta desmontar de entrada los argumentos que emplearán los abogados de Puigdemont y los cuatro exconsellers, argumentando que sus derechos fundamentales sí estarán garantizados si se les entrega a España y se le acaba metiendo en prisión. Según su escrito, el expresident tendría derecho a decidir si quiere una celda para él sólo o prefiere compartirla con algún compañero de Govern y podría recibir las visitas de familiares y abogados. Y se pregunta cómo alguien que ha gestionado el sistema penitenciario catalán, idéntico al del resto de España, puede poner en cuestión el modelo.
En un comunicado, la Fiscalía belga dijo que “no tiene previsto hacer ningún comentario” mientras dure el proceso, “para no hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente”. Es la práctica habitual, pero la advertencia pone de manifiesto la independencia judicial ante un caso con enormes connotaciones políticas que podría perjudicar las relaciones diplomáticas entre Bélgica y España.
Al acabar la audiencia, los abogados Paul Bekaert y Christophe Marchand aseguraron que los cinco exmiembros del Govern estuvieron “serenos” durante la comparecencia. Las condiciones bajo las que se les ha permitido la libertad (no salir de Bélgica, tener domicilio fijo, comunicar sus movimientos y estar localizables) no han cambiado. Por lo que podrán seguir preparando, con más facilidad que sus compañeros en prisión, la estrategia electoral de cara al 21 de diciembre. A partir del día 6 de diciembre, a la espera de que el juez de instrucción decida sobre la extradición, sus mítines electorales los harán desde Bruselas, retransmitidos, seguramente, por gran parte de los medios de comunicación internacionales.
Los abogados aseguran que sus clientes se mostraron ayer “serenos” La juez Lamela garantiza para Puigdemont una celda individual