El exitoso plan Delta pide una segunda parte
de espacio. Aena apostaba por ampliar El Prat, mientras que la Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y El Prat preferían potenciar Girona y dejar las zonas verdes que rodean las pistas tal y como están. No se veían vías de entendimiento entre ambas partes, y el tiempo apremiaba.
La crisis de la Covid-19 ha parado la cuenta atrás. Ofrece un tiempo muerto que harían bien en aprovechar las administraciones para acordar una hoja de ruta que marque el futuro de la instalación que conecta Barcelona con el mundo. Sirva como ejemplo el plan Delta, que dibujó hace 26 años el crecimiento del puerto y el aeropuerto como los conocemos hoy. Aunque fue ejecutado en plena euforia de principios de siglo, su concepción tuvo lugar en la crisis postolímpica. Por aquel entonces, las administraciones implicadas se pusieron de acuerdo tras unas intensas negociaciones en las que todos cedieron en mayor o menor medida. Finalmente, instituciones, agentes económicos y sociedad civil fueron a la una en una demostración de consenso por el progreso del país.
La situación actual permite ganar tiempo al aeropuerto y reabrir un debate sereno en el que se tengan en cuenta todos los intereses, tanto territoriales como económicos, sin olvidar el contexto de emergencia climática que ocupaba un lugar preeminente en la agenda internacional antes de la pandemia. No en vano, el pacto verde con el que se quiere recuperar Europa precisamente aboga por crear ocupación y dinamizar la economía siempre con la reducción de emisiones sobre la mesa. Difícil equilibrio al hablar de una ampliación