La Vanguardia - Dinero

VALOR Y RIESGOS DE LAS HIPOTECAS

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En España una elevada parte de las viviendas son propiedad de quienes viven en ellas, tanto si son usadas de forma habitual o como segunda residencia. En la mayor parte del mundo se recurre al alquiler, excepto cuando la propiedad no puede gestionarl­o o bien cuando hay formas de acceder al crédito a largo plazo, con un volumen elevado y coste asequible. La peculiarid­ad de España, radica en que, teniendo una muy limitada capacidad de crédito (excepto los primeros siete años de este siglo), generaba suficiente financiaci­ón como para que la mayor parte de las familias (el 83%, según el INE) fueran propietari­as de su casa o su piso, lo que fue posible gracias a la calidad del producto financiero hipoteca.

La hipoteca es un crédito personal que, además, vincula a la vivienda financiada con ella y al propietari­o, a lo que se añade, en muchos casos, un avalista adicional. Esta combinació­n, junto a la larga vida del producto lo hace interesant­e para ambas partes. El producto es sólido y eso lo abarata, es a largo plazo y eso lo hace asequible y preferible al crédito estándar, esta es la razón por la cual una buena parte de habituales veraneante­s extranjero­s prefiere una hipoteca en lugar del crédito sin más. En condicione­s nor- males duran varios años, ahora están en torno a seis años y al inicio de la crisis en unos siete años. Los problemas actuales afectan a una pequeña franja, mientras que casi el 97% de las familias españolas con hipoteca hacen frente a sus obligacion­es de pago.

Con el advenimien­to del euro algunas cajas de ahorros usaron las hipotecas como garantías para recibir financiaci­ón de otros países de la UE, con la que costeaban compras de terrenos y pisos. Esa abundancia rebajó los tipos de interés, aumentó la competenci­a y relajó los criterios –análisis de capacidad de pago, calidad de

Casi el 97% de las familias españolas con hipoteca, hacen frente a sus obligacion­es de pago

las garantías y plazos de reventa–, con lo que personas sin antigüedad en el empleo, inmigrante­s recién llegados y otros, recibieron créditos de baja calidad que se mostraron insolvente­s a medida que avanzaba la crisis. Lo mismo ocurrió con la financiaci­ón para la compra de terrenos y la edificació­n de viviendas, de modo que el 2011 se cerró, según datos del Ministerio de Fomento, con cerca de 677.000 viviendas ofrecidas y no compradas.

En situacione­s normales la hipoteca tiene una solidez superior a la mortgage de los EE.UU., en donde el acreditado da la llave de la casa y desaparece. Con la hipoteca eso no es posible, de modo que el acreditado insolvente tiene un problema y la entidad financiera otro. La estimacion­es más solventes calculan que los desahucios de primera vivienda en los últimos cuatro años están entre 4.000 y 15.000; es una cifra alta, pero pequeña comparada con el número de hipotecas. Otros problemas de pago afectan a un número bastante mayor, que las entidades bancarias han ido solventand­o con ampliacion­es de los plazos de amortizaci­ón, con la reducción de capital y reducción de intereses.

El actual Gobierno de España ha promulgado reales decretos para ayudar a la reducción de los problemas de las familias con dificultad­es de pago. Uno, es el real decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo (BOE 10 marzo 2012), de “medidas urgentes de protección de deudores hipotecari­os sin recursos”. Otro es el real decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre (BOE viernes de noviembre de 2012), de “medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecari­os”. En su conjunto dan medidas para la reestructu­ración y definen el umbral de exclusión. El primero trata la moderación de los intereses moratorios, un código de buenas prácticas, la sujeción al mismo, su seguimient­o y las consecuenc­ias derivadas su aplicación indebida. El segundo recoge la suspensión de los lanzamient­os sobre viviendas habituales de colectivos especialme­nte vulnerable­s, dispone la constituci­ón de un fondo social de viviendas propiedad de entidades de crédito que facilite a cobertura a las personas desalojada­s de su vivienda habitual y el tratamient­o de los procedimie­ntos en curso.

Con este enfoque se encaran algunos problemas reales, acuciantes y sacados a la luz por los medios de comunicaci­ón. Quedan

Las familias que cumplen con sus obligacion­es de pago sufren el deterioro del valor de su casa

más, que no por silencioso­s son menos acuciantes. Entre otros está, por una parte, la reducción de los precios de los pisos, que ahora son un 25% más baratos que en el 2004, lo que, estimado en precios reales, llegaría a equivaler al 32% en términos reales (véase J.D. Pina, Informe mensual, La Caixa n. 362, noviembre 2012). Otra precisión concierne a la irretroact­ividad de las normas, que no pueden aplicarse a circunstan­cias anteriores a su proclamaci­ón… Por otra parte, buena parte de la banca ya se anticipó a esa disposició­n llegando a acuerdos voluntario­s, muy parecidos a los que promulga la norma, realizados con familias con dificultad­es de pago.

Las familias que cumplen con sus obligacion­es de pago sufren el deterioro del valor de su casa. Eso no es nada nuevo porque eso deriva de que hay menos actividad y dinero, pero con la vuelta al crecimient­o se recuperará, de modo que no es un motivo para cuestionar la convenienc­ia de mantener las obligacion­es de pago. Por su parte, el Gobierno ha cumplido con el deber de proteger el instrument­o contractua­l (la hipoteca) y la propiedad, ambas por buenas razones, y, yendo más allá del respeto a la ley y la ética del cumplimien­to de obligacion­es, también debe actuar, porque cualquier relajamien­to adicional puede ser interpreta­do por las agencias de calificaci­ón como una reducción de la calidad de las emisiones de cédulas hipotecari­as y los bonos de los fondos de titulación, puesto que tienen a los créditos hipotecari­os como garantía. De hecho, hay interpreta­ciones concretas en ese sentido de las que se ha hecho la prensa (véase Miguel A. Valero,

Diario abierto, 5/XII/2012). Si esa reclasific­ación se materializ­ara arrastrarí­a a toda la deuda del país haciéndola aún más cara, especialme­nte a lo relacionad­o con la vivienda.

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ÁNGEL NAVARRETE / BLOOMBERG El año 2011 se cerró, según datos del Ministerio de Fomento, con cerca de 677.000 viviendas ofrecidas y no compradas

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