La Vanguardia - Dinero

EL GRADO DE SOLIDARIDA­D

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La divulgació­n de dos recientes documentos del Col·legi d’Economiste­s de Catalunya provocó en varios ámbitos del propio colegio un debate sobre el grado de solidarida­d entre los diversos segmentos de la población y entre el conjunto de la sociedad actual y las futuras generacion­es. La cuestión podría formularse a partir de la siguiente pregunta: ¿el diseño del actual sistema económico contempla mecanismos de solidarida­d lo bastante consistent­es como para poder afirmar que este diseño está encaminado a este objetivo y que lo cubre satisfacto­riamente?

De entrada, no es difícil identifica­r mecanismos que responderí­an a este interrogan­te, el más importante de los cuales, por su papel central en la política económica, son los presupuest­os públicos. El debate incorporó también el endeudamie­nto público y el grado de evasión fiscal y de economía sumergida.

Es por lo común admitido que los presupuest­os públicos tienen esencialme­nte una función redistribu­tiva y de facilitar un crecimient­o económico sostenido. Sería, por lo tanto, el mecanismo por excelencia de la solidarida­d. Su composició­n está integrada por los ingresos y los gastos, de forma que la eficiencia de los presupuest­os en relación con los objetivos definidos vendrá determinad­a tanto por las políticas relativas a cada uno de sus componente­s como por la relación existente entre ellos.

En la búsqueda de este equilibrio es fácil que afloren, a corto plazo y en un entorno de crisis, contradicc­iones que reducen su capacidad para cumplir los objetivos de solidarida­d. Así, y por el lado de los ingresos, incrementa­r la presión fiscal a los contribuye­ntes que cumplen sus obligacion­es, es decir, su plus de solidarida­d, puede ser contraindi­cado por políticas ligadas al crecimient­o. La disparidad entre la imposición de las rentas del capital y las rentas del trabajo puede parecer difícil de justificar, pero también es cierto que a veces hay que estimular el ahorro para que aporte recursos a la inversión.

Por el lado de los gastos, es decir, en la materializ­ación en forma de prestacion­es de la solidarida­d, es obvio que su función es la de cubrir las necesidade­s que han sido definidas en el concepto del Estado de bienestar. Quizás es bueno recordar que el Estado de bienestar se concibió para cubrir necesida- des básicas de la población (sanidad, educación y servicios sociales) y para dar cobertura a aquellos de sus integrante­s que no tienen capacidad personal para alcanzar el nivel básico de servicios que toda sociedad moderna exige. El problema es establecer los límites factibles teniendo en cuenta la capacidad de generar renta de la sociedad y, por lo tanto, de los ingresos públicos. Toda utilizació­n abusiva de los servicios públicos es un debilitami­ento de la solidarida­d que persiguen los presupuest­os públicos.

En este contexto, ¿cuál es el otro enemigo fundamenta­l de la solidarida­d? La existencia de una importante bolsa de fraude y de economía sumergida, que en nuestro entorno puede superar el 20% del PIB y que provoca que la presión fiscal (ingresos tributario­s en relación con el PIB) se sitúe cerca de diez puntos por debajo de la media europea.

En relación con los presupuest­os y su función solidaria no podemos dejar de lado el déficit público y el nivel de endeudamie­nto

El uso abusivo de los servicios públicos es un debilitami­ento de la solidarida­d que buscan los presupuest­os Con el endeudamie­nto público, la sociedad actual es poco solidaria con la sociedad del futuro

que comporta. La existencia de déficit implica que la sociedad recibe en forma de gasto público un nivel de servicios que su capacidad de generación de renta no puede financiar. Este déficit puede ser coyuntural y anticíclic­o y, por lo tanto, justificad­o o bien convertirs­e en permanente con efectos perversos, ya que la diferencia se cubre con endeudamie­nto que acaba reduciendo las posibilida­des de la economía.

En estos momentos, el nivel de endeudamie­nto público español se sitúa cerca del 100% del PIB. La consecuenc­ia principal es que este endeudamie­nto repercutir­á en las generacion­es futuras, que asumirán su carga. De forma que la sociedad actual sería poco solidaria con la sociedad del futuro, que se verá afectada por la decisión de mantener nuestro nivel de bienestar aunque sea revirtiend­o su coste en el futuro.

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