Argentina, en el Supremo de EE.UU.
Buenos Aires reabre la renegociación de su deuda y pide cambiar la plaza de pago, que hoy es Nueva York
Más de una década después, la crisis argentina del 2001 y su consecuente suspensión de pagos llegan al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La máxima instancia judicial estadounidense tiene en sus manos una decisión trascendental que, más allá de afectar a la ya maltrecha credibilidad del Gobierno kirchnerista en materia económica, podría poner en cuestión futuras renegociaciones de deuda de otros países.
Un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificó la semana pasada el fallo emitido en noviembre del 2012 por el juez federal Thomas Griesa, que obligaba a Argentina a pagar la totalidad de la deuda pública adquirida por los fondos de inversión estadounidenses NML y Aurelius. Propiedad del especulador Paul Singer, NML lleva tiempo intentando el embargo de bienes del Estado argentino repartidos por el mundo.
Con los correspondientes intereses, el importe que debería pagar Argentina a NML y Aurelius asciende a unos 1.200 millones de euros, sólo una parte del 7% de deuda que quedó sin reestructurar en los dos canjes ya ofrecidos por Buenos Aires, en el 2005 y el 2010. En esas dos fechas, los acreedores del 93% restante accedieron a negociar, con quitas que llegaron al 65% del valor original.
La mayor parte de ese resistente 7% –equivalente a unos 6.000 millones de euros– está formado por lo que la Casa Rosada considera fondos buitre, porque se aprovecharon de la situación para adquirir los bonos a precio de saldo para reclamar en el futuro el pago completo ante los tribunales de EE.UU., que es donde está fijado el domicilio del pagador, en este caso, el Bank of New York (BNY).
Así pues, Griesa dio la razón a los fondos y en su sentencia obligó al BNY a pagar a los buitres con el dinero que Argentina le remite regularmente para hacer frente a los compromisos de deuda canjeada. El fallo quedó pendiente del recurso ahora resuelto, pero sigue en suspenso porque el Gobierno kirchnerista ha recurrido a la última instancia, el Tribunal Supremo, que antes de fin de año debería resolver si lo admite a trámite.
La ratificación de la sentencia de Griesa ha supuesto un duro golpe para el Ejecutivo de Cristina Fernández. “Argentina ha sido un deudor recalcitrante único”, dice el texto de los magistrados de segunda instancia. En su década en el poder, el kirchnerismo ha convertido en bandera política y asunto de dignidad nacional su negativa a pagar a los buitres, y ni siquiera accedió a renegociar unas mejores condiciones que las que aceptaron los tenedores del 93% de la deuda. “Por indicación de la presidenta, no se pagará a los fondos buitre”, dijo en octubre pasado el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
No obstante, la perspectiva del
El importe que Argentina debería pagar a NML y Aurelius asciende a unos 1.200 millones
Supremo ha hecho variar la estrategia argentina. El lunes pasado, Fernández compareció solemnemente en televisión para anunciar una tercera reapertura del canje de deuda, que ya está en trámite de ser aprobada por el Parlamento. “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, respondió la mandataria a los jueces estadounidenses.
“Argentina ha pagado, entre el 2003 y el 2012, este país al que califican como deudor recalcitrante, 173.733 millones de dólares (131.186 millones de euros)”, explicó Fernández, aclarando que la suspensión de pagos del 31 de diciembre del 2001 se produjo por 81.836 millones de dólares (61.794 millones de euros).
La reapertura del canje es, según los analistas consultados, un mensaje al Supremo de Estados Unidos de que Argentina está dispuesta a pagar. Los mismos especialistas no consideran que tenga ningún efecto significativo ya que si los fondos buitre no accedieron a las renegociaciones anteriores, ahora no habría otro para que lo hicieran.
La mandataria cargó contra los fondos litigantes e indicó que compraron sus bonos “recién en el 2008, cuando ya habían sido objeto de quita, valían muy poco y si se le hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares sería de algo más del 1.300%, algo que realmente carece de lógica, de sentido común”.
Fernández alertó de que una sentencia del Supremo desfavorable a la Casa Rosada podría sentar precedente ante otras nego- ciaciones soberanas “en momentos en los cuales numerosos países desarrollados del primer mundo están también reestructurando sus deudas”. Y añadió que “no solamente influiría en la Argentina, sino que influiría en todo el mundo financiero internacional”. En su tono habitual, la presidenta dijo: “No podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello” y, aún más
“Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales”, respondió Fernández a los jueces de EE.UU.
apocalíptica, apeló a los magistrados con sede en Washington: “La primera decisión que hemos tomado, bueno, es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos porque, en realidad, estaríamos realmente ante un caso que no solamente tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria, sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda”.
Sin embargo, la voluntad expresada por Fernández de seguir pagando a sus acreedores con quita choca con la aparente intención de desobedecer una sentencia definitiva que la obligue a satisfacer a los buitres, ya que la mandataria también propuso cambiar la jurisdicción de pago y trasladarla de Nueva York a Buenos Aires. Así, en el caso de un fallo adverso, Argentina podría seguir pagando en Argentina a quienes aceptaron un canje y eludir la disposición que obliga al BNY a pagar a los buitres.
Los fondos ya han pedido amparo a Griesa ante un posible cambio de jurisdicción como prueba de que el Gobierno kirchnerista piensa desobedecer a la justicia estadounidense. Si no se produjese un cambio en la plaza de pago y la sentencia del Supremo fuera adversa a Argentina, el país entraría en default técnico, ha advertido esta semana el viceministro de Economía, Áxel Kicillof, confirmando que el BNY no dispondría de los fondos argentinos suficientes para pagar a la vez a los acreedores reconocidos y a los buitres.