Pactar el desacuerdo en Catalunya
Las empresas catalanas han pedido al president de la Generalitat, Artur Mas, que cumpla la ley para evitar un choque de trenes que ponga en riesgo la recuperación económica, lo que perjudicaría a todos. Eso supone pactar el desacuerdo con Mariano Rajoy.
Hace unos meses escuché a un importante ministro político del Gobierno decir que, al final, era inevitable que el Parlamento catalán convocase el referéndum sobre la autodeterminación de Catalunya.
En ese caso, el Gobierno español presentaría un recurso de inconstitucionalidad. Inmediatamente, la consulta sería paralizada por el Tribunal Constitucional hasta que no exista una resolución sobre la misma. Esto podría tardar entre dos o tres años, lo que supone situarnos en la próxima legislatura.
Esta solución permitiría ganar un tiempo precioso para que los ánimos se serenen y, sobre todo, para que la recuperación económica se consolide. No es lo mismo negociar la financiación autonómica en un marco de recesión que en otro de crecimiento.
Es decir, este paréntesis permitiría anteponer a cualquier cuestión la salida de la crisis y permitiría ganar márgenes en una negociación que no se puede limitar sólo a cuestiones económicas porque necesariamente tiene que abarcar un amplio espectro de cuestiones.
Esta fórmula, según la citada fuente, daría una salida política a Artur Mas, ya que le permitiría argumentar ante sus socios de ERC y ante su propio electorado que él ha cumplido con su compromiso.
La no celebración del referendum no depende de su voluntad, ni tan siquiera es una decisión política del Gobierno central. Lo que nadie en su sano juicio le puede exigir es que se sitúe fuera de la ley. Esta salida sería aceptable para Mariano Rajoy, ya que no se incumpliría ninguna ley, ni supondría ningún desacato al orden constitucional. Sin duda no es un plato de buen gusto para na- die, pero es la salida menos mala, por no decir la única.
Si al final se cumpliese esta hipótesis, permitiría ganar el tiempo suficiente para que el nuevo Gobierno que saliese en la próxima legislatura abordara la reforma de la financiación autonómica y un nuevo modelo territorial que evite el agravio comparativo que siente Catalunya frente al concierto foral vasco y navarro, al tiempo que se pueda avanzar en un auténtico federalismo fiscal.
Tal vez ha llegado el momento de terminar de una vez para todas con el llamado café para to- dos que ser instauró durante la transición democrática y que, como se ha visto, está totalmente agotado.
Pero todo este plan se vendría abajo si la Generalitat no aceptase la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la celebración del referéndum sobre la autodeterminación hasta que determine si se ajusta o no a la ley. Si se desafiara esta decisión y se sacaran las urnas a la calle, el Gobierno central entendería que se incumple la ley y tendría que actuar en consecuencia. No conviene olvidar la advertencia que viene haciendo Mariano Rajoy cuando dice que hará cumplir la ley por encima de todo, entre otras razones porque está obligado a hacerlo. Esa opción sería un auténtico choque de trenes que haría descarrilar la recuperación de la economía.
Esta es la razón por la que desde hace meses hombres con el predicamento y prestigio del presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, vienen insistiendo en que con- fía “plenamente en el diálogo de los líderes, creo que hay voluntad de concordia. Debe existir diálogo, consenso y acuerdo dentro del marco de la ley. Eso será bueno para todos los ciudadanos españoles (para los catalanes y para el resto)”. En la misma línea se posicionó el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joa-
Tal vez ha llegado el momento de acabar con el ‘café para todos’ que, como se ha visto, está agotado
quim Gay de Montellà, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu.
Esto sólo es el reflejo de lo que desea la inmensa mayoría de los empresarios, que ansía fervientemente una salida viable, de tal manera que si no es posible pactar el acuerdo, al menos que se pacte el desacuerdo.