‘Tracking’, entre ecología e industria
El precio más barato del ‘shale gas’ da ventaja competitiva a Estados Unidos frente a la UE
El gas no convencional ha bajado en casi dos tercios el coste energético de las empresas de Estados Unidos, un hecho que ya afecta al comercio mundial. Pero Europa aún no tiene una política energética
El extraordinario desarrollo del fracking –tecnología de fractura hidráulica para extraer del subsuelo shale gas o gas de esquisto, no convencional– en Estados Unidos ha alterado de forma decisiva el tablero de la competitividad mundial. Las empresas y las familias estadounidenses han reducido en alrededor de dos tercios su factura energética, con el consiguiente incremento de competitividad para las primeras y del poder adquisitivo para las segundas. En un momento en el que todo el planeta –pero muy especialmente las economías más desarrolladas– trata de dejar atrás los durísimos efectos de la Gran Recesión, Tío Sam juega con una ventaja importante.
Mientras tanto, Europa se mira el asunto con cautela y la lentitud habituales. Sin haber decidido nada, en un comunicado del pasado 22 de enero, la Comisión reconoció que las legislación comunitaria no ha abordado de manera global los aspectos medioambientales que se derivan de la práctica del fracking. “Esto suscita inquietud y exige que se adopten medidas en la UE”, concede la nota con un poco habitual tono de autocrítica. Por ahora, la Comisión se ha limitado tan sólo a realizar una serie de recomendaciones no vinculantes para los estados miembros relativas a la planificación, evaluación del impacto medioambiental, control de las emisiones e información a la población.
Es necesario llegar más lejos. Algunas empresas estadounidenses –y europeas– han empezado a explorar el terreno del fracking, sobre todo en el Reino Unido, Polonia y, también en España y otros países. Pero el problema es la falta de un marco legal comunitario y la posible confusión. Lo denunció el pasado viernes Antonio Llardén, presidente de Enagás: “La explotación del shale gas en Europa será in- viable si no va acompañada de un marco normativo preventivo”. Según Llardén, “es imprescindible adoptar una normativa europea común con criterios claros y estrictos para evitar el rechazo ciudadano”.
Esta oposición al fracking es hoy en día muy fuerte y, en España, ha llevado a dos comunidades autónomas –Catalunya y Cantabria– a prohibirlo por ley. El Gobierno ha recurrido la ley cántabra al Constitucional. Hay movilizaciones ciudadanas para tratar de impedir que esta técnica se abra camino. Pablo Cotarelo, portavoz de Ecologistas en Acción y de la plataforma Fracking No, asegura que su negativa a esta técnica se debe a los problemas medioambientales y de salud que ya se han producido en Estados Unidos y a razones de índole económica y energética: “La rentabilidad económica de los pozos de gas de esquisto es tremendamente baja, y la extracción cae un 90% al cabo de tres años; por eso, las empresas americanas vienen aquí”, dice Cotarelo. Según este activista, los bajos precios del gas en Estados Unidos obedecen a un exceso de oferta, con explotaciones que se han visto favorecidas por el crédito barato y por oscuros intereses financieros.
De momento, los pasos dados en España son muy incipientes. La veintena de proyec-
La plataforma contraria al ‘fracking’ en España aduce motivos de salud, medioambientales y también económicos La CEOE y Pimec piden que no se dé la espalda a la nueva tecnología y que se investigue a fondo su viabilidad
tos en marcha, que en el mejor de los casos tardarían cuatro o cinco años en traducirse en algo positivo, se concentran en el norte de España. Y eso preocupa a las empresas, que ven cómo las compañías de otras latitudes les pueden comer el terreno en poco tiempo.
Antonio Garamendi, presidente de la Comisión de Energía de la CEOE, recuerda que el coste de la energía, en muchas empresas industriales, es el más importante, por encima del laboral. “Aquí tenemos la energía más cara de Europa y eso no puede ser; por esta razón, habría que explorar el asunto sin prejuicios para adoptar la mejor decisión para el país”. Entre las compañías interesadas en el negocio del shale gas se asegura que el potencial del subsuelo español es enorme y que las reservas podrían tener un valor de mercado de 700.000 millones de euros y cubrir las necesidades de consumo en 70 años. Pese a las cifras mareantes, los expertos advierten que nadie puede hablar con rigor sin estudios serios que lo avalen.
Eso es lo que piden las empresas ajenas al sector. Y no sólo la petroquímica –esta semana, la patronal Feique y los sindicatos manifestaron su apoyo al fracking– sino también las pymes. Joan Vila, de la Comisión de Energía de Pimec. pone el dedo en la llaga: “Se puede estar en contra del fracking, pero no de la investigación que nos debe llevar a saber si hay gas natural en nuestro subsuelo o no”. ¿Y mientras tanto? Vila aboga por que Europa se defienda de la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. El gigante asiático ha sacado partido de la irrupción del gas a bajo precio por la vía indirecta, ya que se ha visto favorecido por el desplome del precio del carbón. Según Vila, este escenario es el que debería llevar a la UE a instaurar una tasa de CO . “Hay que hacer algo porque estamos jugando con mucha desventaja”, advierte. La citada tasa, que gravaría las importaciones, se diseñó en 1993 pero nunca llegó a implantarse.
¿Es la solución? Europa no parece estar por la labor de seguir este camino, al menos por ahora. Pero Estados Unidos aprieta. Ahora ya es autosuficiente en gas y en el 2017 estará en disposición de exportar. Este hecho, junto con el empuje de China, aumentará la presión sobre las empresas europeas y provocará nuevas revisiones de la política energética en España y en Europa. Los recortes a las energías renovables en ambos casos no serán flor de un día, una consecuencia más de la crisis que permanecerá para no marcharse.