La reforma tributaria de Bachelet
La presidenta chilena cumple su promesa pese a las quejas de la derecha liberal y la gran empresa
La reforma tributaria que impulsa Michelle Bachelet en Chile es una de sus promesas emblemáticas. La mandataria no perdió un minuto desde que llegó al poder el 11 de marzo y dos semanas después envió el proyecto de ley al Congreso, donde tiene mayoría. A falta del Senado, la reforma fiscal fue aprobada esta semana por la cámara baja, en medio de una dura campaña contraria de la derecha y los grandes empresarios, a quienes apunta la ley.
El sistema actual data de la dictadura de Pinochet y fue ideado por los mismos Chicago boys que planificaron la economía chilena, sentando las bases de un modelo liberal de crecimiento sin apenas componente social, que ha acabado por convertir al país en uno de los más desiguales de Latinoamérica.
Ahora el tipo impositivo máximo es el 40%, lo que en teoría debería pagar un millonario o dueño de una gran empresa. Sin embargo, en la práctica, estos apenas tributan un 20% de su renta –el impuesto a cuenta– gracias al Fondo de Utilidades Tributables (FUT).
Creado en 1984 para favorecer el financiamiento de las compañías chilenas cuando no tenían facilidad de acceder al mercado de capitales, el FUT se convirtió en una caja donde se podían depositar los beneficios sin tributar por ellos mientras no fuesen retirados.
El mecanismo acabó pervirtiéndose y favoreciendo la evasión, ya que desde entonces sólo el 10% de las empresas retiró dividendos mientras que buena parte de los beneficios se reinvertían en forma de propiedades y bienes de consumo para uso particular de sus socios. Desde su creación, el FUT acumuló 217.000 millones de euros y el Estado dejó de ingresar el 20% (43.000 millones) que le hubiera correspondido.
El proyecto de Bachelet elimina el FUT, por lo que todos los beneficios tributarán y no sólo cuando se retiren; aumenta un 5% el impuesto a cuenta, que será del 25%; y como concesión rebaja el tipo máximo al 35%. Además, su aplicación será proporcional y no entrará plenamente en vigor hasta el 2017.
“Pagan más impuestos aquellos que ganan más dinero”, dijo la presidenta al presentar la reforma y explicó que su objetivo es “avanzar en equidad, mejorando la distribución del ingreso”. Con la reforma, el gobierno de centroizquierda pretende recaudar cerca de 6.000 millones de euros adicionales, que servirían para financiar la tan reclamada gratuidad de la educación, otro de los compromisos estrella de Bachelet.
“Ahora el 1% más rico se lleva el 31% del ingreso nacional, es vergonzoso”, indica a La Vanguardia desde EE.UU. Ramón E. López, profesor de Economía de las universidades de Maryland y de Chile, que elaboró uno de los estudios usados por el gobierno para eliminar el FUT. “Después de la reforma se van a llevar el
La reforma fiscal pretende redistribuir el ingreso en uno de los países con mayor iniquidad
28% de los ingresos, que sigue siendo escandaloso”, continúa. “El sistema tributario beneficia a una élite empresarial”, añade López, que califica la reforma de “muy moderada” y critica que el Estado nunca cobrará por los impuestos del FUT. “Es un regalo”, concluye el economista.
Comparado con la mayoría de países desarrollados, que la persona más rica de Chile pague como mucho un 35% de sus ingresos no parece mal negocio. Sin embargo, y pese al consenso social, los grandes empresarios han puesto el grito en el cielo. La reforma fue una propuesta clara durante la campaña de Bachelet, que ganó claramente las elecciones con el 62% de los votos.
El think tank neoliberal Libertad y Desarrollo se opone. Una de sus economistas, Cecilia Cifuentes, advierte a La Vanguardia desde Santiago que la ley “desincentiva el ahorro, y si cae el ahorro, cae el crecimiento”. Cifuentes agrega que “no va a mejorar el empleo” y, por tanto, tampoco la equidad. Y mantiene que puesto que el 15% de los fondos de pensiones –el sistema es totalmente privado, aunque Bachelet quiere crear una gestora pública– tienen acciones chilenas, calcula que “los pensionistas recibirán entre un 5% y un 6% menos porque las empresas repartirán menos dividendos”.
Además, aunque el gobierno lo niega e insiste en que los cambios sólo afectarán al 5% de las empresas –las más grandes–, los detractores del proyecto sostienen que las pimes saldrán perjudicadas.