Inversores extranjeros

La reforma fiscal supone también la derogación del Estatuto de la Inversión Extranjera, en vigor desde 1974 y conocido como DL600. Este mecanismo fue creado durante la dictadura para atraer inversiones a Chile. En realidad, prácticamente no fue invocado por ninguna compañía porque establecía la posibilidad de pactar un impuesto invariable del 42% sobre el régimen general del 35%, en previsión de posibles aumentos fiscales. Sin embargo, los inversores se fueron acogiendo en masa al tipo general. El estatuto tenía por objeto garantizar la seguridad jurídica por parte del régimen militar apenas un año después del golpe de Estado e incluía otros beneficios, como asegurar un tipo de cambio no perjudicial o la repatriación de dividendos. Aunque reconocen que el DL600 no se usaba, los detractores de la reforma tributaria argumentan que su eliminación supone un mensaje negativo para los mercados. El diario La Tercera advertía hace poco en un editorial del “riesgo de afectar la percepción de estabilidad y de provocar suspicacias entre los inversionistas extranjeros”. No obstante, los partidarios de su derogación alegan que la legislación chilena ya es confiable desde el punto de vista de la seguridad jurídica y que los países desarrollados no necesitan de este tipo de mecanismos.