Por la senda constitucional
EL 6 DE DICIEMBRE DE 1978, recién alcanzada la mayoría de edad, voté sí en el referéndum sobre la Constitución, atraído por tres poderosas razones: democracia, Europa y autogobierno, los tres pilares en los que se sustentaba el proyecto de convivencia que entonces estrenábamos. Treinta y seis años más tarde, en un informe remitido por el Gobierno de España a sus embajadas, se afirma que “nunca Catalunya, en su historia democrática, ha alcanzado mayor grado de autogobierno como el día en que, en virtud de la Constitución y el Estatuto, recuperó sus instituciones”. Y se recuerda que “la ratificación popular de la Constitución alcanzó el 91,9% de los sufragios en Catalunya, con un 68% de participación. Nunca los ciudadanos de Catalunya han superado ese grado de participación y apoyo a ninguna otra norma”.
HOY, no obstante, reiterados estudios de opinión reflejan como una parte relevante de la ciudadanía catalana desea un replanteamiento de la relación política e institucional de Catalunya con el resto de España y expresa su deseo de ser consultada al respecto. ¿Qué habrá ocurrido para que en el transcurso de una generación la percepción de una parte minoritaria pero significativa de la ciudadanía española haya dado un vuelco tan espectacular? Y, ¿qué habrá sucedido para que el Gobierno de España haya decidido oficializar internacionalmente la existencia de un conflicto abierto entre las instituciones del Estado central y el Gobierno de Catalunya? No debería sorprender que la realidad social haya evolucionado a lo largo de más de tres décadas si bien del tono del referido informe se infiere que si hoy la Constitución de 1978 se sometiera nuevamente a referéndum deberían reproducirse exactamente los mismos resultados, en el conjunto de España, y por supuesto en Catalunya. Pero la realidad, guste o no, es la que es y si queremos seguir compartiendo democracia, Europa y autogobierno como pretendíamos en 1978, habrá que replantearse el pacto constitucional e imaginar una nueva fórmula. No precisamente la que parecía insinuar un insigne padre de la Constitución al decir que “esta vez se resolverá sin necesidad de bombardear Barcelona”. Pero veamos brevemente cada uno de los tres pilares por separado.
DEMOCRACIA: es el presupuesto fundamental en que se asienta la Constitución del 78. Sin democracia no habría Europa, y tampoco autogobierno. España es hoy una democracia formal asentada, sin duda, pero que requiere una revisión crítica en profundidad. Un Estado democrático y social de derecho con cinco millones de ciudadanos sin acceso al mercado de trabajo. Un Estado de derecho con una frágil separación de poderes: un Tribunal Constitucional mediatizado por los partidos mayoritarios, una justicia lenta y titubeante, y una jefatura del Estado en horas bajas. Unos poderes del Estado poco permeables al cambio y que rechazan por pura incompatibilidad con el ADN nacional la pluralidad interna. Una España que identifica Madrid con el Estado y el Estado con Madrid. Hoy el Gobierno español, con el apoyo del eje PPPSOE, no acepta que pueda celebrarse una consulta sobre el futuro político de Catalunya a pesar de que son muchos los ciudada-
España es hoy una democracia formal asentada, sin duda, pero que requiere una revisión crítica en profundidad”
nos que desean ejercer este derecho fundamental, algunos muy jóvenes que no habían nacido cuando se aprobó la Constitución, y otros no tan jóvenes, que sí la votamos y hoy asistimos perplejos a su instrumentalización partidista. Un debate esencialmente político pero que los partidos mayoritarios han querido encorsetar jurídicamente esgrimiendo la Constitución como salvaguarda de las esencias nacionales.
EUROPA: la Constitución del 78 incorporó con acierto los mecanismos que iban a permitir la transferencia de competencias estatales a las Comunidades Europeas. Indiscutiblemente, la integración europea ha propiciado una profunda modernización de nuestras estructuras sociales y económicas y ha familiarizado las instituciones del Estado con el sistema comunitario de toma de decisiones basado en la negociación permanente. No obstante, a pesar de haber transcurrido más de 28 años desde nuestra adhesión a la Unión y a pesar de la tan cacareada vocación europea de Catalunya, el Gobierno de la Generalitat nunca ha sido consultado sobre los candidatos idóneos para formar parte de la Comisión Europea como tampoco ha podido influir en innumerables decisiones de su interés directo, como por ejemplo en el Consejo Europeo de diciembre del 2003 en que Aznar entregó a Berlusconi la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a la que Barcelona aspiraba. Y para colmo ahora hay que soportar estoicamente a todas horas el anuncio –¿ wishful thinking?– de la exclusión permanente de Catalunya de la UE en caso de una eventual e hipotética secesión, y su confinamiento al limbo de la No Europa. Se trata de una amenaza que, además de extemporánea y xenófoba, no parece ser la mejor antesala de una negociación que se me antoja ineludible.
AUTOGOBIERNO: la descentralización territorial del poder político mediante el modelo autonómico fue sin duda uno de les elementos clave de la Constitución de 1978. La recuperación del autogobierno por parte de las nacionalidades históricas y la generalización del proceso autonómico hicieron posible su aprobación. Pero el incesante y cansino cuestionamiento de las competencias autonómicas por parte del Gobierno central lastran el actual modelo. La permanente intrusión y denuncia malintencionada de la política educativa y lingüística de la Generalitat, la laminación sistemática de las competencias económicas en nombre de la unidad de mercado, la negación de una flagrante insuficiencia financiera que perjudica de forma notoria el bienestar de la población, y la ausencia de mecanismos de participación en la definición de la política europea y exterior del Estado, son circunstancias que después de más de tres décadas de autogobierno obligan a una profunda reconsideración del sistema vigente. Por no hablar de las continuas e injustas acusaciones de insolidaridad de Catalunya para con el resto de España. ¿Por qué no haber convertido el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial y situado su sede en Barcelona? Ahora quizás ya sea tarde, sobre todo después de aquella campaña de recogida de firmas en contra del Estatuto catalán y después de que algunos se jactaran de habérselo “cepillado” en sede parlamentaria. Por cierto, estos datos al igual que muchos otros no constan en el referido informe del Gobierno a las embajadas.
CONCLUYO: hoy me siento injustamente expulsado del perímetro constitucional. La comunión de intereses y el perfecto reparto de papeles entre PP y PSOE blinda la Constitución de cualquier reforma en la dirección que exigen
No debería sorprender que la realidad social haya evolucionado a lo largo de más de tres décadas. La realidad, guste o no, es la que es
los nuevos tiempos. La resurrección de la apuesta federal no deja de ser un tramposo ejercicio de desmemoria política. Así las cosas, interpreto el actual proceso soberanista iniciado en Catalunya como el intento de construir un nuevo marco político e institucional en que democracia, integración europea y autogobierno puedan ser ejercitados en su plenitud por parte de todos. Y a pesar de la dificultad, sigo pensando que la solución hay que buscarla a través del diálogo y la negociación bilateral entre Rajoy y Mas, con audacia e imaginación, sin condiciones previas, porque no concibo una alternativa al margen del diálogo. Eso sí, por la senda constitucional, ¡faltaría más!