El final de la impunidad
Acabar con la corrupción es un imperativo económico, no sólo ético
En la medida en que la corrupción es inherente a la naturaleza humana resulta inútil exigir al Gobierno que termine con ella por muy deseable que sea; lo que sí está en sus manos es que acabe con la impunidad. Para conseguirlo tiene que legislar, vigilar y castigar, dado que una sociedad corrupta es una sociedad injusta y atrasada en la que no se puede vivir. Como dice mi amigo el profesor Luis Garicano: “Acabar con la corrupción es un imperativo económico, no sólo ético”.
El “caso Rato” ha puesto de manifiesto que algo está cambiando en España. Lo que era posible hacer hace unos años ya no está permitido. Se ha puesto en marcha un proceso de regeneración institucional del que nadie escapa. Siempre habrá quien pueda caer en la tentación de saltarse las reglas, pero sabe que si le pillan tendrá que pagar un altísimo precio y eso es muy disuasorio.
La detención técnica del que fuera vicepresidente de Gobierno con José María Aznar; el encarcelamiento del que fue presidente de las Baleares Jaume Matas o del que ha sido tesorero del PP Jesús Bárcenas, por no hablar de la imputación de quien fue presidente de la Generalitat Jordi Pujol o de los que ostentaron la presidencia de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán o Manuel Chaves, ha supuesto un cambio de paradigma en la reciente historia española. Ni siquiera la familia real ha podido escapar de la fiscalización de la justicia. En breve, muy probablemente veremos a Iñaki Urdangarin, al cuñado del Rey Felipe VI, ingresando en prisión.
Desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa el 20 de diciembre del 2011 se han imputado a 1.600 personas de todos los partidos y tendencias políticas y se han abierto cuatrocientos ca- sos relacionados con la corrupción. Esto se ha producido como consecuencia de la presión de la opinión pública y de las denuncias de los medios de comunicación, que han forzado a los políticos a actuar.
Por tanto, la regeneración institucional se está produciendo y no es mérito de ningún gobierno ni de ningún partido en concreto. Es la propia sociedad la que ha reaccionado tras décadas de tolerancia y apatía.
Como me comentó el profesor Enrique Tierno Galván: “Las sociedades están dispuestas a pagar una cuota de corrupción por no tener que ocuparse de los asuntos públicos; prefieren mirar para otro lado para seguir viviendo tranquilamente, siempre que las cosas funcionen y el precio a pagar no sea excesivamente alto. El problema se plantea cuando llegan las crisis económicas y las cosas dejan de funcionar”.
Exactamente eso fue lo que pasó durante el mal llamado “régimen del 78”. Ante el hundimiento de la dictadura franquista hubo que improvisar una democracia débil e inexperta que asumió muchos comportamientos del pasado. Así se desarrolló lo que César Molinas ha calificado como “élites extractivas” o capitalismo de amiguetes con una fuerte incidencia de la corrupción.
Con tal sistema la asignación de recursos fue totalmente ineficiente dando lugar a un modelo productivo muy deficiente basado en el banco de favores. Un país en el que si un joven quería triun- far y hacerse rico la mejor manera de conseguirlo era teniendo buenos contactos más que buenas ideas como evidenció el pequeño Nicolás.
Mientras las cosas fueron funcionando y se generaba un aparente bienestar y aumentaban los puestos de trabajo aunque fueran de poca calidad, muchos ciudadanos se mostraron dispuestos a cerrar los ojos. Era escandaloso cómo los partidos que llevaban en sus listas personas corruptas seguían ganando elecciones.
Las cosas han cambiado como consecuencia de la gran crisis del 2007. En la medida en que se acabó el dinero fácil y barato y fue necesario afrontar una dura devaluación interna, la sociedad ha reaccionado. El detonante del “¡Basta ya!” ha sido el agravio comparativo que supone ver a los poderosos vivir cada vez mejor mientras se incrementa la pobreza entre los más débiles. A esta indignación se han unido una buena parte de la clase media que cada vez viven peor.
Esta situación es la que explicaría el hundimiento de los partidos tradicionales y la aparición de nuevas formaciones que propugnan el final de la impunidad y el cambio de modelo productivo.
Viendo la que se les viene encima, el partido gubernamental se ha puesto al frente de la manifestación iniciando una especie de “operación limpieza de la vieja guardia” olvidando que la impunidad hay que combatirla con la ley en la mano. La detención espectáculo a la que fue sometido Rato es una clara violación del artículo 520.1 de la ley de enjuiciamiento criminal en el que se dice que “la detención y la prisión en su caso deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio”.
Pero lo peor de todo fue la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, creando todo tipo de sospechas sobre los 715 contribuyentes que están siendo investigados por un presunto delito de blanqueo.