El bienestar de los niños
Para combatir las nuevas desigualdades a las que nos referimos en un artículo anterior ( Dinero 12/III/2015) hace falta abordar abiertamente nuevas políticas centradas en el bienestar de los niños para garantizar mejor su futuro. Y es que para la corrección de la desigualdad de oportunidades, cuanto antes se proceda mejor: en la infancia, también desde la familia, con la reconciliación de la vida laboral —tanto de las mujeres como de los hombres—, con ayudas familiares que eviten la penalización de tener niños (nivelar incentivos, no sólo en el IRPF sino también en las cotizaciones sociales para compensar ingresos netos); en la incertidumbre de la pobreza (riesgo asociable al número de hijos) y prestando atención a las consecuencias de las rupturas de convivencia (familias monoparentales y de parejas no adultas).
Todas estas consideraciones se relacionan con la importancia de la formación de capital humano desde los primeros años: en habilidades cognitivas, disciplina de comportamiento, salud, motivación al aprendizaje... Estos factores, muy ligados a la familia y al entorno cultural, lo están también, por su incidencia futura, con la ocupación (probabilidades de paro), la renta (niveles salariales) y la riqueza (a la vista de cómo se conjugan para su acumulación en el tiempo).
Para ello debemos prestar especial atención a las desigualdades en el terreno de la infancia, muy ligadas a la pobreza (familias monoparentales, inmigrantes...), y a los retos de hacer compatibles las medidas con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En este caso, conviene centrarse en el embarazo, en el primer año de una madre, con puestos de trabajo posteriores que permitan mínimamente compatibilizar ambas tareas. También es recomendable evitar la concentración de los niños en colegios determinados recurriendo a la vivienda como fuente originaria de confinamiento socioeconómico o a otras formas de segregación.
La contabilidad intergeneracional muestra hoy el peso de la herencia del pasado para cada generación, el esfuerzo fiscal que habrán de realizar nuestros hijos vista la conexión entre la deuda pública de hoy y el superávit financiero necesario para el futuro como resultado de la restricción presupuestaria intertemporal. En otras palabras, a cuánto gasto público (o privado si suben los impuestos) deberá renunciar un niño acabado de nacer hoy, en términos de gasto privado por mayores impuestos y del gasto público al que debería renunciar si a lo largo de su vida se acabasen pagando la deuda de las cuentas públicas.
Una primera medida para prevenir la desigualdad social es pues focalizar el gasto social en las familias. Esto tiene sentido si se considera la importancia para el bienestar futuro del individuo de la formación y la acumulación de capital humano desde los primeros años de su vida (capacidades, motivación al aprendizaje, incentivos a la autosuperación...), factores todos ellos muy ligados a la familia y al entorno cultural, y con incidencia posterior en la ocupación (probabilidades de paro), renta (salarios) y riqueza (e incluso a la vista de cómo se aparejan y como se transfiere el capital acumulado de modo dinástico). Por tanto, parece obvio que cuanto más preventiva sea la actuación correctora de los factores generadores de desigualdad social, mucho más efectiva será la propia política pública. Y ello desde la educación preescolar e incluso alcanzando a las condiciones uterinas y al preparto, que con un adecuado apoyo a las familias no parece inasumible.
Otra vía de actuación es incidir directamente en el cuidado del niño, por ejemplo, mediante la eliminación de los obstáculos que impiden o dificultan, tanto a mujeres como a hombres, la conciliación de la vida laboral con la familiar. De hecho, hay que defender ayudas familiares que eviten la penalización de tener hijos y, así, cuando menos nivelen –si no mejoren– los incentivos de la planificación familiar. Asimismo, se podrían aminorar tanto la incertidumbre que, en algunos casos, asocia la pobreza relativa a un mayor número de hijos como los efectos de la ruptura familiar, con las consecuentes familias desestructuradas, por sus efectos en el cuidado y formación de los niños.
Por lo demás, en el reparto de responsabilidades entre el Estado y las familias es decisivo abordar las nuevas necesidades del mercado de trabajo, los retos de la formación, el absentismo laboral, y la educación ante el elevado fracaso escolar. Entre los colectivos con un riesgo mayor están hoy también las familias monoparentales y las de algunos inmigrantes. En la misma línea de acción preventiva, es relevante evitar las concentraciones de población inmigrada, ya sea en escuelas vinculadas a la zonificación por vivienda o trabajo, u otras formas de segregación.