Mejoran los plazos de cobro
Por primera vez en la historia la administración pública paga mejor que el sector privado
Durante mucho tiempo las pymes lo han pasado mal con el grifo del crédito bancario cerrado y el alargamiento de los pagos de sus clientes. Tanto es así que, por este motivo, muchas han desaparecido y se han llevado consigo millares de puestos de trabajo. Hoy, la situación parece estar cambiando. Por un lado, la banca está más abierta, como lo demuestra el hecho de que los créditos nuevos –inferiores a un millón de euros– estén creciendo a un ritmo anual del 14%, según apunta el Banco de España, y, por otro, que el plazo medio de pago de las empresas españolas haya bajado en 8,37 días en los últimos tres años, según el informe 2.º análisis del comportamiento de pagos empresa
rial 2015, realizado por Informa D&B. Aunque , todo sea dicho de paso, en dicho informe se destaca también que sólo el 45% de las empresas españolas paga con puntualidad.
Sin embargo, a veces los promedios pueden enmascarar un poco la realidad. Veamos, para Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), es cierto que han mejorado los plazos de pago de las administraciones públicas –la media desde el 2011 un 48%– al pasar de 162 días a 82 en el 2014. Pero lo primero que quiere dejar claro es que aun estamos lejos de lo que marcan las directrices europeas y la ley española, que son 30 días, aunque asegura que “la tendencia a priorizar el pago a proveedores con el FLA (fondo de liquidez autonómica)”, se nota. A pesar de ello, la PMcM denuncia que no se cumple la ley, que no se pagan los intereses de demora que dice la ley y que, por ello, “lo hemos denunciado a la UE, que ya ha abierto expediente al Reino de España”. Uno de los aspectos que destaca es el llamado periodo de verificación. Desde que el proveedor emite la factura hasta que la acepta la administración pasa un tiempo. “En la UE hay unos plazos concretos para ello, sin embargo, nuestra ley los deja sine die. Por ello, en alguna administración pueden decirte que te pagan a 30 días desde que han verificado, pero no te dicen cuantos días se han pasado para verificar la factura. Esta verificación abierta no tiene ningún sentido y perjudica siempre a la empresa”, dice.
Para Nathalie Gianese, directora del departamento de estudios de Informa, D&B, las razones de la mejora registrada en los últimos años se deben en buena parte a la mejora en las administraciones, como señala Cañete. Un segundo aspecto es que en el mercado han desaparecido muchas empresas que pagaban mal. “Ahora estamos en fase de estabilización”, añade. Un tercer punto lo remite a la mejora general de la economía española y un cuarto lo refiere a las mayores facilidades existentes para acceder a la fi- nanciación bancaria. “Ello hace que las empresas necesiten menos el crédito de los proveedores”, apunta.
Otro de los aspectos que enmascaran los promedios es que cuentan todas las empresas por igual, sin diferenciar lo que pasa en las grandes y en las pequeñas. “Las pequeñas están sujetas a la falta de poder de negociación y las grandes siguen poniendo las condiciones, con plazos más largos. En realidad, esto pasa en todas partes, aunque en España, más”, prosigue Gianese.
En este aspecto, Cañete es aun más directo. “Por primera vez en la historia, la administración pública paga mejor que la empresa privada. Muchas de las grandes empresas han cobrado antes de la administración y han saneado sus balances, pero no pagan mejor a sus proveedores, saltándose la ley que habla de los 60 días. Si pagan a 200 o 300 días nadie les dice nada”. Y pone unos ejemplos que tener en cuenta. “Las empresas que cotizan en bolsa, excepto las financieras, cobran hoy a 86 días y pagan a 193. La diferencia es exagerada”.
Y da un paso más al cuantificar lo que supone para las pequeñas empresas. “Calculamos que el retraso en la facturación –según la ley– es de 66.680 millones de euros al año. Ello supone unos 3.300 millones de euros al año, entre intereses de demora e intereses financieros”, añade. Y relativiza la cifra al decir que “los 66.680 millones es una vez y media lo que ha costado apuntalar el sistema financiero español”. Afirma que la UE ya ha dado un toque a España en el sentido de que tiene que corregir esta anomalía en el sector privado. De todos modos, a nadie escapa que 3.300 millones es un pellizco suficiente para que, quien se beneficia, trate de defenderlo con uñas y dientes.
Uno de los motivos por los que no se acaba de corregir la situación es que la legislación no prevé multas a quien no la cumpla. “Hay mucha gente que está a favor de aplicar sanciones, pero no lo tengo tan claro. Entrar en el sistema judicial español es un lío enorme. En el caso de Francia, donde funciona mejor el sistema judicial, la ley impone duras sanciones, sin embargo, el plazo medio de pago en el último año está subiendo. No nos podemos quedar en las sanciones, no son la panacea. No creo que sea el mejor camino”. Y propone otro tipo de medidas, como por ejemplo que “no pueda hablar de responsabilidad social (RS) la compañía que sea una mal pagadora. Meparece inmoral que empresas que retrasan pagos voluntariamente se presenten por otro lado como adalides de la RS”.
Las empresas que cotizan en bolsa, excepto las financieras, cobran a 86 días y pagan a 193