Aires de cambio en Arabia Saudí
El anuncio de los presupuestos de Arabia Saudí para el 2016, los primeros desde que el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saúd y su equipo de jóvenes príncipes llegaron al poder hace un año, ha deparado una sorpresa a los habitantes del reino: el Gobierno ha anunciado la implementación de un primer paquete de medidas encaminadas a lograr, en un plazo de cinco años, la retirada de las subvenciones a los productos energéticos y a otros servicios básicos como el agua y la electricidad.
Los primeros en apercibirse del alcance de estas medidas fueron los millones de saudíes y extranjeros que dependen diariamente del vehículo privado para cubrir sus necesidades de transporte. Tras la presentación de los presupuestos, la noticia de que el precio de la gasolina y el diésel se iban a encarecer en un 50%, como mínimo, corrió como un reguero de pólvora, originando largas colas en las estaciones de servicio, con multitud de conductores intentando llenar sus depósitos antes de que se agotaran las existencias marcadas con precios anteriores a la entrada en vigor de la nueva disposición.
Sin duda, la decisión de retirar los subsidios comentados representa un cambio radical, no sólo en materia de política económica, sino también en el acuerdo social suscrito implícitamente desde hace décadas entre las autoridades y el pueblo saudí. No en vano, hasta ahora, en el conjunto de los países integrados en el Consejo de Cooperación de El Golfo (Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y la Unión de Emiratos Árabes) existía una acuerdo tácito según el cual el gobierno se ocupaba de los asuntos de Estado, sin interferencia alguna de la ciudadanía, a cambio de que las necesidades de es- ta fueran cubiertas con generosidad en base a subsidios y unos precios prácticamente simbólicos de los productos y servicios básicos.
El acuerdo citado representaba un equilibrio político tan delicado que hasta la fecha los líderes saudíes se habían mostrado reacios a perturbarlo, pese a las numerosas llamadas de atención a propósito de que el sistema era insostenible. Desde el 2011 existían planes de reforma, pero estos tuvieron que ser postergados tras el estallido de revueltas populares en diversas partes del mundo árabe. En plena efervescencia de la denominada primavera árabe, el difunto rey Abdullah consideró que el aumento de los precios de los productos básicos podría provocar malestar social en el reino.
Sin embargo, en la actualidad, con los precios del barril de petróleo en mínimos de once años, el desplome de los ingresos por exportaciones de crudo ha hecho que la eliminación de algunos subsidios resulte inevitable. Según un banco de Arabia Saudí, los subsidios a la energía costaron a las arcas del Estado alrededor de 61.000 millones de dólares el en 2015 (lo que equivale aproximadamente al 9,3% del PIB) con 23.000 millones correspondientes al diésel y 9.500 millones a la gasolina. Ambos conceptos han sido objeto de cambios en los presupuestos del 2016. La gasolina de alto octanaje ha aumentado de 0,16 a 0,24 dólares el litro y la de menor grado de 0,12 a 0,20 dólares el litro. Por su parte, el diésel para el transporte ha sido incrementado de 0,07 a 0,12 dólares el litro.
Y los recortes de subsidios no sólo afectan al sector del transporte sino que también se extienden al de la generación de electricidad y al del próspero y rentable sector petroquímico. Desde hace años, este último ha venido disfrutando a nivel internacional de una clara ventaja sobre sus competidores gracias a los precios excepcionalmente bajos del gas natural que constituye su principal materia prima. Pues bien, el precio de esta ha sido revisado al alza, desde los 0,75 dólares por cada millón de unidades térmicas británicas a 1,2.
La retirada gradual de las subvenciones a la energía se inscribe dentro de un programa de reformas del conjunto de las estructuras de gobierno puesto en marcha desde la ascensión al trono del rey Salmán. El cerebro de la operación es el príncipe heredero Muhammad bin Salmán quien, como responsable de la nueva estrategia económica y energética de Arabia Saudí, ha manifestado de forma taxativa su voluntad de que la economía del reino sea más transparente y flexible, para así poder adecuarse mejor a los constantes cambios experimentados por la economía global.
ARAMCO, LA PETROLERA ESTATAL
La posibilidad anunciada a principios de este año de una venta limitada de acciones de la gran petrolera estatal Saudí Aramco (véase La Vanguardia del 9 de enero del 2016) también podría inscribirse en este contexto de apertura económica. Sin embargo, la viabilidad de dicha operación todavía suscita múltiples interrogantes. Uno de ellos es que con los actuales precios del barril en torno a los 30 dólares la venta resultaría mucho más ventajosa para los compradores potenciales que para Arabia Saudí. Y otro, que la perspectiva de que el reino facilite el acceso a uno de los secretos de estado más bien guardados del mundo, como es el caso del desglose y cuantificación de las reservas y recursos de Saudí Aramco, parece remota. Si al final la noticia acaba concretándose, lo más probable es que tan sólo afecte a algunos activos del sector de refino y petroquímica de la compañía.
Por el momento, los cambios impulsados por el joven Muhammad bin Salmán –la toma de decisiones sobre temas espinosos que debían afrontarse sin más demora, la contención del excesivo gasto del Estado y la reducción de la burocracia– parecen haber sido mayoritariamente aceptados por la ciudadanía. Sin embargo, habrá que esperar a los próximos meses para ver como los saudíes reaccionan frente a los efectos de las reformas recientemente implementadas. Básicamente, porque las reformas económicas hacia una mayor apertura no han ido acompañados de cambios políticos en la misma dirección. De hecho, la reciente ejecución masiva de cuarenta y siete personas acusadas de terrorismo podría interpretarse como un mensaje de que cualquier tipo de disidencia no será tolerada.
El reto para las autoridades sauditas está en convencer a la población de que las reformas económicas son imprescindibles sin ofrecer a cambio ningún tipo de concesión política.