Solidaridad con los hijos
El debate sobre las políticas económicas adecuadas para afrontar el impacto social de la crisis, así como los ajustes necesarios para corregir los desequilibrios que esta provoca, gravita amenudo en la necesidad de asegurar la necesaria solidaridad entre los que su situación económica, laboral o patrimonial les permite evitar, en más o menos medida, sus efectos y los que, contrariamente, salen máscastigados en forma de paro, disminución drástica de su renta o en la imposibilidad de incorporarse al mundo del trabajo.
La solidaridad es conceptualmente una razón poco discutida. Pero si el concepto presenta un evidente consenso en el conjunto social, su concreción en cambio pone en evidencia su complejidad, las dificultades de interpretación sobre su alcance y, en última instancia, de cómo priorizar las políticas que pretenden dar respuesta en un entorno defuerte restricción derecursos.
Así, en el debate actual destaca la ausencia del impacto que en las generaciones futuras pueden tener algunas de las políticas públicas queseproponen. Dicho con otras palabras, es conveniente analizar hasta qué punto el mantenimiento actual de un nivel determinado de bienestar no se hace castigando el de las generaciones que nos sustituirán. Con excepción de la creciente sensibilidad por el medio ambiente, el resto del debateevidencia una notable desconside- ración de las obligaciones que como sociedad tenemos en relación a la sostenibilidad futura del sistema.
Cuando hemos generado una deuda pública equivalente al 100% del PIB que, además de la carga de intereses, tendrá que reducirse en los próximos 10 años comomínimo al 75%, lejos todavía del 60% acordado en la creación del euro, estamos claramente afectando a la vida y las posibilidades de las próximas generaciones. La existencia de deuda o de déficit no es en absoluto inapropiada como políticas anticíclicas, pero si una parte importante de estas magnitudes lo son para inversiones sin tasa de retorno y, en cambio, con una servidumbre financiera en forma de gasto de mantenimiento( la red del AVE sería el exponente más evidente), estamos difiriendo claramente los costes de nuestro bienestar.
Si la sociedad, al margen de las excepciones que se puedan admitir para cubrir necesidades perentorias de sus miembros más desfavorecidos, responde de una forma inflexible a la posibilidad de complementar monetariamente algunas de las prestaciones esenciales de nuestro estado del bienestar, com es el sistema público de salud, estamos poniendo en riesgo que en el futuro se pueda disfrutar del mismo nivel de excelencia y que no se pueda afrontar equitativamente por todo el mundo el impacto en costes que la revolución tecnológica tendrá en este sector.
Quizás es en nuestro modelo público de pensiones allí donde es másdeterminante la solidaridad ya que, como es lo bastante sabido, es la renta generada en cada momento por la población ocupada la que financia las prestaciones de la población jubilada.
La evolución demográfica y económica (baja natalidad, envejecimiento, contención salarial, disminución de la población ocupada...) nos lleva, en caso que no se inician profundas reformas enel sistema, a que la carga social de los futuros trabajadores y su peso en el PIB afecte a la productividad i,en consecuencia, la generación de empleo, creandolas condiciones deun potencial conflicto de intereses entre segmentos de la población.
Naturalmente, no todas las políticas públicas tienen el mismoefecto en el largo plazo, pero sería del todo conveniente introducir con más claridad en el debate la necesidad de superar la presión de los problemas inmediatos y asumir que la solidaridad in ter generacional tiene que constituir un factor central de todo el debate económico, independiente mente de los intereses ligados a los ciclos electorales.
Eneste contexto es imprescindible también dar a la lucha contra el fraude fiscal, verdadero exponente de un comportamiento insolidario, una atención prioritaria de forma que, junto con una adecuada política fiscal, con el fin de evitar que tengamos una de las recaudaciones tributarias en relación con el PIB más bajas de Europa.
En el actual debate destaca la ausencia del impacto que en las generaciones futuras pueden tener algunas políticas públicas” Hasta qué punto el mantenimiento actual de un nivel determinado de bienestar no se hace castigando el de las generaciones futuras” Es imprescindible dar una atención prioritaria a la lucha contra el fraude fiscal, claro exponente de un comportamiento insolidario”