Panamá se lleva la fama y EE.UU. recoge el dinero

Al presidente Barack Obama le recordaban hace unos días en The Washington Post que durante el 2008 condenó con energía los paraísos fiscales del Caribe. En una de sus alegatos, Obama mencionó un edificio de las Islas Caiman en que había registradas 12.000 empresas estadounidenses y lo planteó “como una gran estafa”. En la actualidad, en el jardín trasero de su casa, un edificio del centro de Wilmington (Delaware), sede de la Corporation Trust Company, ha servido de domicilio de 250.000 negocios. Delaware se encuentra en la cima de los considerados estados que ejercen como refugio de dinero, bajo sospecha de procedencia ilícita en muchas ocasiones. Los esfuerzos del gobierno federal por las normas de transparencia sobre las compañías instrumentales, así como impedir o frenar estos servicios, chocan con los intereses de los estados. “En Delaware se oponen a mayores controles porque las corporaciones son un gran negocio para el Estado, obtienen enormes ingresos”, señala Mark Hays, asesor de Global Witness, ONG que trabaja por la transparencia financiera. “Es una cuestión política y económica. Delaware es un pequeño estado que no tiene mucha industria, por lo que cultiva el negocio de las compañías”, añade Hays. Este experto recuerda que Panamá tiene mala reputación por ser uno de los destinos del dinero de la droga. Los estadounidenses prefieren –por lo que se deduce de su ausencia en la filtración masiva de documentos– destinos más limpios como las Islas Cayman o Luxemburgo, o el propio territorio. Hays, como otros analistas, reconocen que la utilización de compañías instrumentales no siempre tiene una finalidad delictiva, pero sí que facilitan las malas artes. Un reportaje realizado por Global Witness en el 2014 – La gran estafa– desveló como estas corporaciones atacaban intereses de ciudadanos estadounidenses. Abogados de Texas, con sociedades de tapadera registradas en Delaware y Nevada, estafaron los ahorros a jubilados. Otras de esas compañías sirvieron para lavar dinero de la droga de carteles Mexicanos, mientras que el gobierno de Irán las utilizó para hacerse con la propiedad de un rascacielos de la Quinta Avenida, rompiendo las medidas sancionadoras por el despliegue nuclear. En otro trabajo de campo de esta misma organización, hicieron pasar a uno de sus miembros como un inversor que pretendía lavar dinero negro. Acudieron a trece despachos de Nueva York. De los trece, sólo uno se negó a entrar en el juego. Los otros “hicieron sugerencias” para mover ese dinero. Los doce aconsejaron crear compañías instrumentales. Hays ve en este experimento la confirmación de una pieza clave en todo este esquema: los abogados o facilitadores. En su opinión, “en Estados Unidos disponemos de poca vigilancia o control sobre la industria legal y el sector inmobiliario”, remarcó. La mala fama se la lleva Panamá. Sin embargo, los millones toman rumbo a EE.UU.