Líderes en demandas energéticas
España acumula ya 30 procesos de arbitraje internacionales contra los recortes en las renovables
La política energética es una de las patatas calientes que deberá afrontar el próximo gobierno español, claro está cuando por fin se acabe formando uno. Las fuentes de energía renovables llevan años paralizadas en España, sin que prácticamente se hayan instalado nuevos kilovatios de generación, tendencia que choca con los objetivos y compromisos contra el cambio climático. Pero es que, además, al Gobierno se le acumulan las denuncias ante organismos internacionales contra los recortes retributivos aplicados a las fuentes de energía renovables.
Las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies registraron el pasado 12 de agosto la última de las denuncias contra España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por los recortes retributivos a las tecnologías verdes. Este procedimiento se inicia tras los presentados a finales del mes de junio por una firma israelí y otra británica. La primera, conocida como Sun Flower, registró su denuncia el 28 de junio, mientras que la segunda, Infracapital, lo hizo un día después. La primera cuenta con tres plantas fotovoltaicas en España, que suman 13 megavatios de potencia, y la segunda, con cuatro.
Con estas tres nuevas denuncias presentadas este verano son ya 27 los procesos de arbitraje interpuestos ante el Ciadi contra la política energética española. De hecho, España acapara cuatro de cada cinco denuncias en materia de energías renovables presentadas ante este organismo internacional.
Pero no sólo hay procesos abiertos en el Ciadi. Además, España cuenta con una demanda en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o Uncitral por sus siglas en inglés), presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment. Las tres son por violación de la Carta de la Energía.
Todas ellas suman un total de 30 procesos de arbitraje, que catapultan España en su liderazgo en el ranking internacional de países que más demandas acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno. El primer fallo, a favor del Estado Por el momento, sólo uno de estos procesos está resuelto, el interpuesto por las firmas holandesa Charanne y la luxemburguesa Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que desestimó la demanda a principios de año al considerar que los cambios normativos en España no violan la legislación internacional.
La Cámara de Comercio de Estocolmo reconoce que la normativa española dejaba “abierta claramente” la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución de la energía fotovoltaica. Asimismo, el laudo señala que los inversores hubieran podido “prever fácilmente, dada la situación, la posibilidad de cambios del marco regulatorio de haber realizado previamente un análisis exhaustivo del marco jurídico”.
Recientemente, el Tribunal Supremo español también validó el recorte en la retribución a las renovables que aprobó el Gobierno en el 2014.
Cuatro de cada cinco demandas del Ciadi en materia de renovables son contra España El único proceso resuelto hasta la fecha tuvo un fallo favorable al Gobierno